RAFAEL GUARÍN
8 de octubre de 2012
Semana.com
El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos consiguió que el Congreso de
la República reformara la Constitución con el llamado Marco Jurídico para la Paz.
Ese acto legislativo es un marco de impunidad que revictimiza a los afectados
por los crímenes de lesa humanidad y de guerra de las FARC, el ELN, las AUC y
agentes estatales. En esa medida, es también un estímulo a la repetición de los
crímenes y a la continuidad de la violencia.
Organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y
autorizadas voces provenientes de la academia y de diferentes sectores
políticos y sociales están en alerta por lo que se anuncia como un proceso de
impunidad generalizada de crímenes atroces. Mientras tanto los padres del
esperpento, funcionarios gubernamentales y congresistas como Roy Barrera y
Alfonso Prada, insisten en mentir a los ciudadanos señalando que no existirá
impunidad. Los siguientes puntos contribuyen a mostrar el verdadero alcance del
Marco Jurídico para la Paz:
1. Los
perpetradores de los más espantosos crímenes, como el secuestro, el asesinato, las
masacres, el desplazamiento, la tortura, la desaparición forzada y los carros
bomba, cuyo caso no sea seleccionado para ser investigado judicialmente, que
serán la mayoría, jamás serán juzgados y nunca pagarán un solo día de cárcel en
Colombia. Sólo serán sancionados con pedidas públicas de perdón y trabajo
comunitario.
2. Quienes estén
presos y condenados por esos mismos crímenes podrán beneficiarse de la
suspensión de la ejecución de la pena. Podrían ser excarcelados sin
consideración al tiempo cumplido y favorecerse también con el cese de los
procesos judiciales en su contra.
3. Los máximos
responsables, que en principio serían los jefes terroristas, si bien podrán ser
investigados judicialmente se beneficiaran con la suspensión de la ejecución de
la pena, sanciones extrajudiciales, penas alternativas o modalidades especiales
de ejecución y cumplimiento de la pena, es decir, no pagarán pena efectiva de
prisión. Los que hayan perpetrado crímenes de lesa humanidad pero no sean
condenados serán elegibles a la Presidencia de la República y al Congreso. Es
peor en el caso de criminales de guerra que aun siendo condenados pueden
eventualmente llegar a ocupar cargos de elección popular.
Foto: Archivo El Espectador.com
4. Garantiza
impunidad. No se investigará ni sancionará penalmente a integrantes de las
FARC, el ELN, las AUC y a agentes del Estado, respecto a crímenes pasados,
presentes y futuros, con lo que se contribuye a crear un ambiente favorable a
la impunidad que se traducirá en más crímenes. Es en la práctica una licencia
para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad, siempre y cuando el “conflicto”
subsista.
5. Viola los
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y la
obligación del Estado de cumplir de buena fe los tratados. En contra del
derecho internacional sustituye la persecución penal a los criminales de lesa
humanidad y de guerra con mecanismos no judiciales de verdad y sanciones
simbólicas a los perpetradores.
6. Por sus
efectos el Marco Jurídico para la Paz es una amnistía disfrazada. Incompatible
con las obligaciones internacionales del Estado colombiano y con la
jurisprudencia constitucional e interamericana respecto a crímenes atroces.
7. Deniega el
acceso al aparato judicial y anula el derecho subjetivo de las víctimas a que
se investigue, juzgue y condene judicialmente a la inmensa mayoría de
victimarios. El familiar de una persona asesinada o secuestrada no podrá acudir
a la justicia para que se condene al victimario, ni tampoco para reclamar
judicialmente reparación o establecer la verdad si su caso no fue seleccionado
para ser investigado por la Fiscalía. Negar a las víctimas el acceso a los
jueces y tribunales en los casos frente a los cuales el Estado haya renunciado
a la persecución penal implica que tales
víctimas sean discriminadas en sus derechos a favor de los victimarios.
Víctimas Colombia. Foto: pepitorias.blogspot.com
8. En los casos
de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones la DIH donde se
renuncie a la persecución penal, que son la mayoría, la verdad que se
conocerá, a través de los mecanismos no
judiciales que se establezcan, es sólo la versión del supuesto perpetrador y se
concentrará en la verdad general y no en las situaciones concretas que constituyeron
la violación o infracción.
9. Fomenta la continuidad de la violencia al enviar el mensaje a las guerrillas de que pueden seguir indefinidamente cometiendo crímenes atroces porque ya tienen la impunidad garantizada. Transmite un mensaje pernicioso a la fuerza pública, que puede terminar fomentando violaciones a los derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario, con la certeza de impunidad asegurada.
10. Da impunidad
a militares y policías que violan los derechos humanos e infringen el Derecho
Internacional Humanitario, al tiempo que rompe la cohesión de las fuerzas
armadas y fomenta falsas acusaciones y montajes en su seno, con la promesa de
cero cárcel para los menos responsables. Los llamados “falsos positivos”
quedarían en la impunidad.
Foto. José Miguel Vivanco. El pais.es
La reforma a la Constitución para garantizarle a autores de crímenes
atroces impunidad abre las puertas a la Corte Penal Internacional y el “juzgamiento
pasaría a convertirse en un teatro en el mejor de los casos” como señaló José
Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.
Es el mayor triunfo de la criminalidad en Colombia. Constitucionaliza un
nuevo derecho en la democracia: el derecho a ejercer la violencia y destruir,
sin límite, la dignidad humana, siempre y cuando se invoquen razones políticas.
Tienen razón las víctimas al reclamar un espacio en la mesa de negociación.
Saben que al gobierno no les importan sus derechos y que no las representan.
¡Muy triste! ¡En vez de velar por las víctimas les preocupa más dar garantías
jurídicas a los victimarios y blindarlos ante la Corte Penal Internacional! El
precio de la paz que quieren imponer no puede ser la revictimización y la
impunidad. Ojalá en Cuba no olviden los “plenipotenciarios” que la dignidad
humana y el respeto a los derechos son la base de un orden justo y de una
verdadera paz estable y duradera.
*Profesor universitario. Exviceministro de Defensa. Autor del libro Paz
Justa.
Una gran mayoría en Colombia, entiende estas consideraciones. No son periodistas de grandes medios, ni personalidades de renombre, sino esa masa de colombianos con conciencia y memoria que salió a marchar el 4-Feb y 20-Jul de 2008. Y no las entiende como conceptos racionales, sino como expresiones intuitivas que salen del corazón y de su solidaridad cristiana con quienes han sufrido sus crímenes. Esas masas están ahí, esperando el momento de expresarse... Que no se confunda el señor presidente....
ResponderBorrarEste mal llamado proceso de paz es lo peor que le puede suceder a Colombia, porque el solo hecho de que sean los terroristas los que pongan las condiciones significa que el triunfo es de ellos. Ahí no hay nada. Esos criminales quieren legitimar sus crímenes, su narcotráfico, y todos sus delitos. Y además de no querer someterse a la Ley, quieren ser ellos los que dicten todas las leyes en Colombia y tener ellos el poder sobre todo y sobre todos, estilo Cuba y Venezuela. Y lo peor es que haya gente como Santos y sus aliados que sean cómplices de esos terroristas para lograr sus propósitos.
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