ÁLVARO URIBE VÉLEZ
"Confianza onerosa. Confianza para los terroristas y riesgos para la democracia"
Cualquier ejercicio de negociación debe partir con la generación de confianza entre las partes. Se necesita demostrar con hechos la voluntad de acercarse a la posición del otro. En el actual proceso de paz solamente una parte se ha acercado a la otra: el Gobierno a la FARC.
Existe una larga lista de acciones emprendidas por parte de la administración Santos para generar confianza con los cabecillas terroristas.
Para lograr que la FARC confiara en las aproximaciones del Palacio de Nariño, se le mostró un distanciamiento oficial con las ideas del gobierno que más eficaz y resueltamente la combatió y cuyas ejecutorias bastante influyeron en la elección del Presidente Santos.
La complacencia con la dictadura Chavista y el olvido de las denuncias sustentadas ante la Organización de Estados Americanos, OEA, para darle cabida a un nuevo “mejor amigo”, que sirviera de intermediario con sus protegidos, constituye otro pilar de confianza. Por supuesto, en este frente, hay que agregarle la entrega del narcotraficante Walid Makled a Venezuela, permitiendo al régimen Chavista ocultar vínculos con carteles de droga; afirmar que Chávez es un factor de estabilidad regional; no defender el acuerdo de cooperación con los EEUU para la lucha contra el narcotráfico, que estimuló el entonces ministro Santos; y, por último, pedir a Chávez que sea gestor de paz cuando ha sido notoria su complicidad con el terrorismo.
El reconocimiento oficial de la existencia de “un conflicto armado” es otro elemento de confianza que ha permitido a la FARC validar su discurso político, así los hechos solo indiquen su naturaleza narco-terrorista, declarada como tal por los Estados Unidos, Europa y Canadá. Naturaleza narco-terrorista de FARC, señalada por el pueblo colombiano, su mayor víctima.
Ni qué decir de haber aprobado un marco jurídico para la paz, contaminado de impunidad y de elegibilidad política de asesinos.
Promover un nuevo discurso frente a la lucha contra las drogas, abogando por la legalización ha sido otro punto de confianza con la FARC. Con ello se ha permitido a estos traficantes argumentar que sus prácticas criminales son parte de un problema social detonado por el prohibicionismo. Y como consecuencia, el gobierno invita a este grupo terrorista, el mayor cartel de drogas del mundo, a ser su aliado contra el narcotráfico.
Haber equiparado como victimarios a las Fuerzas Armadas y a los terroristas en la ley de víctimas, también es un elemento de confianza al terrorismo al costo de maltratar soldados y policías. Esta decisión implicó un brusco cambio con la política que se había defendido en el Ministerio de Defensa.
Por supuesto, en esta agenda hay que incluir la promoción del retorno de Cuba a la OEA para complacer otro mediador, aunque éste sea un violador flagrante de la Carta Democrática.
Y a esa claudicación, en aras de la confianza, hay que sumar lo que difícilmente otra democracia aceptaría: negociar con el terrorismo temas de agenda de país como el desarrollo rural.
La evidencia nos muestra como el gobierno ha dado toda serie de concesiones para que la FARC llegue a un acuerdo.
Lo grave además de esta larga lista es la respuesta de los terroristas. Rechazan un cese unilateral al fuego, mienten sobre los secuestros y no liberan a los cautivos. Intensifican un delito menos visible como es la extorsión. Hablan de dejar las armas y no de entregarlas. Exigen no ir a la cárcel. Reclaman participación política de asesinos, a quienes presentan como oposición, no obstante las garantías de que goza la oposición en Colombia. Todo lo han recibido y su respuesta ha sido continuar con el crimen.
Estamos ante una situación donde el Estado que representa a los ciudadanos de bien ha dado todo tipo de pruebas de confianza a un grupo terrorista que las ha aprovechado para fortalecerse políticamente, recobrar su visibilidad internacional, resucitar como actor político y ganar espacios en su accionar criminal.
Frente al terrorismo debe primar su sometimiento a la justicia bajo los principios de verdad, justicia y reparación. Esa debería ser la agenda de confianza con la ciudadanía de bien. El Gobierno no la exige y la desdeñan los criminales que se sienten triunfantes.
EL PRESIDENTE URIBE VELEZ Y EL DR.FERNANDO LONDOÑO HOYOS LAS DOS MAXIMAS INTELIGENCIAS COLOMBIANAS Y ESTO SIGNIFICA: SABIDURIA POPULAR, JUSTIICIA, AMPLIOS CONOCIMIENTOS DEL PUEBLO COLOMBIANO, SSU PROBLEMAS JSUTAS Y PRONTAS SOLUCIONES COMO LO DEMOSTRO EN SU EXITOSOS OCHO AÑOS DE GOBIENRO, DE LAS LEYES, DE LA ECONOMIA COLOMBIANA Y MUNDIAL DEL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, SUS ORIGENES, LA PROTECCION Y EXPANSION DE ESOS FACTORES DESESTABILIZADORES POR GOBIERNOS COMPLICES, VENDIDOS DEBILES COMO LOS PRESIDENTES LIBERALES,HOY CON SU MAXIME REPRESENTANTE EL TRAIDOR DEL JUAN MANUEL SANTOS. PERSONAS (DR. URIBE VELEZ- LONDOÑO HOYOS )CON MENTES ABIERTAS A VERDADEROS DIALOGOS, DISCUSIONES, ENFRENTAMIENTOS IDEOLOGICOS, POR SU GRAN CULTURA,Y ABSOLUTO RESPETO PRO LSO DERECHOS DE LOS DEMAS Y DE LAS LIBERTADES DE OPINIONES, ENFRENTADOS A IDIOTAS UTILES, PERSONAS SIN NINGUN CONOCIMIENTO, NI RESPONSABILIDAD DE LO QUE ENTRAÑA, EL MAS ALTO CARGO EN UNA NACION EL DE PRESIDENTE, QUE SOLO ESTAN AHI PARA COMPLACER A LA CHUSMA CRIMINAL NACIONAL E INTERNAIONAL NO IMPORTA QUE SEAN DEL MAS BAJO O ALTO ESTRATO SOCIAL SOLO LOS MANTIENEN ESO, SU INSTINTO CRIMINAL Y SUS COLABORADORES CRIMINALES RAMPLONES, IDIOTAS, MAMERTOS, TIRANOS, DICTADORES, PERO JAMAS LA LIBERTAD, LA RAZON, LA DEMOCRACIA, AMPLIO CONOCIMIENTO Y JUSTA APLICACION DE LAS LEYES DE LAS ECONOMIAS, DE JUSTICIA SOCIAL SIN IDEOLOGIAS, RETROGRADAS IZQUIERDISTAS DEL SOCIAL COMUNISMO.
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