CPI TRAS LAS FARC

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Que el Fiscal de la Corte Penal Internacional esté atento a la situación colombiana y a que no exista impunidad respecto a los crimenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, no es sorprendente. Lo que si llama la atención es que en nombre de la paz se ha construido una narrativa orientada a despreciar la capacidad de ese organismo, con el fin de llegar a un acuerdo de paz basado en la renuncia a la persecución penal de la mayoría de esas conductas atroces.

 

La verdad es que en medio de la ansiedad el gobierno puede llegar hasta ofrecer impunidad total, reclamo constante de las FARC. No cometemos crímenes, ejercemos el sagrado derecho a la rebelión, nos dirá el camarada Márquez. Añadirá que está reconocido hasta en la Carta de la ONU y complementará con una vieja frase del Libertador. Pero más allá de la dramatización, la realidad es que un Acuerdo de Paz basado en impunidad carece de seguridad jurídica, mucho más cuando se adopta no como resultado del consenso, sino de entender la paz como una imposición que desconoce y está en contra de una corriente con amplia representación ciudadana. O peor, como elemento de una estrategia de avasallamiento a un sector político.

 

Timochenko y compañia no son tontos. Deberán llegar a la conclusión que tienen dos opciones: continúan dedicados al terrorismo y a la delincuencia, hasta que un proceso de fracturación interna desemboque en su disolución como organización, o deciden llegar a un compromiso con el Estado y la sociedad colombiana en su conjunto, que observe los estandares de justicia y de respeto a los derechos de las víctimas a cambio de seguridad jurídica y sostenibilidad política, esto es, una Paz Justa.

 

Si FARC insiste en impunidad y el Gobierno en conseguir un Acuerdo a cualquier precio, el resultado en el mediano plazo afectará la estabilidad y perdurabilidad de la paz. Las características del territorio colombiano facilitan el resurgimiento de grupos violentos. Retomar las armas para estos terroristas siempre será una opción, mucho más ante la posibilidad de que puedan ser juzgados efectivamente por sus crímenes si se les ha prometido falsamente impunidad. 

 

Guerrilla y Gobierno deben sincerarse. No hacer castillos en el aire, sino comprender los límites que la paz enfrenta, construir un Acuerdo que los reconozca y con base en ello asegurar que la paz en verdad sea estable y duradera, si es que en realidad es lo que quieren las farc. !Cosa que yo dudo!

 

 El siguiente artículo de El Espectador nos ilustra el tema:

Haga click. y lea el texto directamente en El Espectador

Judicial |27 Nov 2012 - 9:24 pm

Informe de la Oficina del Fiscal

Las Farc, en el radar de la CPI

Por: Diana Carolina Durán Núñez

Ese organismo internacional señala qué crímenes cometidos por esta guerrilla, el Eln y los paramilitares podrían ser considerados de lesa humanidad o de guerra y, por ende, caer bajo su jurisdicción si fuera necesario.

Puede que las Farc, desde La Habana y a través de delegados como la holandesa Tanja Nijmeijer, insistan en que no son otra cosa que “víctimas” del Estado. Pero la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) observa otra cosa. Para este organismo, las Farc, así como el Eln y los paramilitares, han sido responsables de ataques contra la población civil, han dejado miles de víctimas, han asesinado —sobre todo a indígenas, afrodescendientes, líderes comunitarios y activistas—, han desplazado gente, han privado a civiles de su libertad, han torturado y han violado o esclavizado sexualmente a mujeres.

En un informe provisional difundido hace unos días, en el que se revisaron diversas situaciones del país que está bajo examen preliminar desde 2006, el despacho de la gambiana Fatou Bensouda sostuvo que son varias las circunstancias por las que los grupos armados ilegales colombianos están bajo su radar. Con base en información de múltiples fuentes, en el documento se lee que las Farc, así como el Eln y los paramilitares, tienen una gran responsabilidad en crímenes considerados de lesa humanidad.

Según el reporte, estos grupos armados ilegales han sido los causantes de ataques contra la población civil en todo el territorio nacional: “Los ataques no fueron aislados o espontáneos. Se cometieron en el marco de una política establecida por los líderes de cada grupo armado ilegal”. En el caso de las guerrillas, la estrategia de atacar a la población civil perseguía además los fines de expropiar a la gente de sus tierras para así ganar control político, económico y social de ciertas zonas. Para las Farc, sobre todo, era muy importante promover el surgimiento de sus propias organizaciones de base.

El informe indica que determinadas acciones de los grupos armados ilegales podrían ser catalogados de lesa humanidad, y por ende caer bajo su jurisdicción en caso de impunidad, porque han sido generalizadas y sistemáticas. Por ejemplo los asesinatos de civiles, en especial de líderes sociales, sindicalistas, activistas de derechos humanos, funcionarios judiciales, periodistas, indígenas y afrodescendientes. Entre 2002 y 2011, 45 líderes de grupos de desplazados fueron ejecutados.

Sobre desplazamiento forzado, advierte el reporte, se calcula que las Farc fueron responsables del 32,2% de casos registrados y del 31% de casos sin registrar entre 2005 y 2010. En 2008, le señaló el Estado colombiano a la Oficina del Fiscal de la CPI, las organizaciones subversivas desplazaron a 12.922 personas. Las organizaciones al margen de la ley han sido también responsables de secuestros, de torturas y tratos crueles, y de abusos de carácter sexual.

Este tema es importante, pues es uno de los cinco a los que la Oficina del Fiscal de la CPI le prestará particular atención a partir de ahora, sumado a la expansión del paramilitarismo. Ese organismo explicó que violencia sexual por parte de las Farc, el Eln y los paramilitares incluye crímenes como violación, tortura, mutilación de órganos sexuales, esclavitud sexual y prostitución forzada, entre otros.

El listado de los crímenes de guerra es similar. La Oficina del Fiscal de la CPI revisa todas las acciones de las guerrillas cometidas desde el 1° de noviembre de 2009, día en que empezó a tener jurisdicción en Colombia por este tipo de conductas ilegales. Los paramilitares no aparecen en esta parte del informe seguramente por cuenta de la desmovilización, aunque el organismo sí advierte que le interesa conocer de su resurgimiento.

Los crímenes de guerra que la CPI está siguiendo de cerca son: asesinatos, torturas y tratos crueles, toma de rehenes, violación y otras formas de violencia sexual, y reclutamiento de menores de edad para participar en hostilidades. No obstante, la CPI reconoce que los máximos líderes de ambas guerrillas han sido sancionados por jueces colombianos. El tema “justicia” no es esencial en los actuales diálogos de paz, pero, si llegaran a prosperar, se espera que estas extensas listas de horrores sean discutidas en nombre de la paz.