La lucha contra el crimen organizado que representan las BACRIM exige emplear todos los recursos del Estado y no de limitarlos a costa de la vida de los colombianos.
BERLÍN. La masacre de 10 campesinos en Santa Rosa de Osos, presuntamente por la banda criminal de Los Rastrojos, nos devuelve a la época, que parecía ya superada, en la que individuos armados llegaban a las fincas, agrupaban a los trabajadores y los asesinaban.
!Colombia no puede seguir retrocediendo!
Varias reflexiones caben al respecto:
1. Se trata, registran los portales de internet, de un homicidio en masa por el no pago de una extorsión. Esto demostraría que este tipo de organizaciones están dando mucha más importancia a la extorsión y no sólo, como piensan algunos, a las actividades relacionadas con el cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína.
2. La extorsión siempre viene acompañada de acciones violentas. Granadas o explosivos detonados en establecimientos comerciales, vehículos, etc., como los televidentes pudieron observar está ocurriendo en la Costa Atlántica o como denuncian en la localidad de Kennedy en Bogotá. Lo particular en este caso es que escalaron la violencia al punto que atacaron no bienes de la finca, sino que optaron por masacrar una decena de personas para enviar un mensaje a todos aquellos que son objeto de extorsión y al propio gobierno.
Esto puede implicar, por un lado, que pretenden extender la extorsión y están dispuestos, cuando lo consideren necesario, a repetir las masacres a gran escala. Y a recordar que están en capacidad de elevar los niveles de violencia cuando lo deseen.
3. Otra hipótesis lanzada por el General León Riaño, muy buen director de la Policía Nacional, es que la masacre es la respuesta a la captura de alias Jorge 18, uno de los jefes de la banda de Los Rastrojos.
A pesar de los titulares de prensa y de los golpes contra jefes de estas bandas no hay que llamarse a engaños y creer que están a punto de ser desarticuladas.
Si se quiere elevar la eficacia contra las BACRIM es indispensable que el gobierno reconozca que no es suficiente para neutralizar ese fenómeno delincuencial capturar a sus cabecillas o que éstos se entreguen a las autoridades norteamericanas. Sin duda, se trata de resultados importantes que merecen el reconocimiento ciudadano, pero tales organizaciones tienen enorme capacidad para reemplazar a los cabecillas y el propio mercado empuja tales relevos.
Lo que se requiere es atacar no únicamente la cabeza sino apuntar a desarticular el aparato violento en su conjunto y las columnas que lo sostienen en materia financiera, política y social.
4. Un segundo tema que debe revisar el gobierno es su decisión de impedir que se pueda utilizar toda la fuerza letal en el marco del Derecho Internacional Humanitario contra las bandas criminales.
Durante mi paso por el viceministerio de defensa ese fue un asunto que suscitó fuerte controversia con la Consejería de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República. La razón es que a partir de febrero de 2011 el Consejo de Seguridad Nacional prohibió el uso de la fuerza en el marco del Derecho Internacional Humanitario DIH contra las BACRIM, lo que impide que puedan ser objeto de bombardeos. Muy grave, además, porque como lo advertimos en su momento, las operaciones ofensivas del Ejército Nacional, según su doctrina, se hacen en DIH.
Hoy las FFMM y la propia policía están amarradas para enfrentar el componente rural de estos grupos que actúan de forma similar a las FARC o al ELN.
Esa decisión impide que se utilice toda la capacidad militar y policial contra los Rastrojos o los Urabeños.
Operaciones exitosas como las realizadas contra campamentos de cabecillas de las FARC o de estructuras criminales como el frente 48 de ese grupo son vetadas cuando se trata de las BACRIM.
Es hora de que el presidente Santos reflexione sobre la necesidad de no imponer límites al uso de la fuerza contra estos asesinos. El único límite es la dignidad humana, el respeto absoluto a los derechos humanos y la Constitución.
Dado el nivel de organización y hostilidad de algunas bandas criminales nuestras fuerzas armadas pueden y deben emplearse con absoluta contundencia conforme a las normas de derecho internacional humanitario y así elevar su eficacia contra las BACRIM.
¿Si hay un campamento con medio centenar de integrantes de Los Rastrojos, dotados de armamento propio de las FFMM de Colombia, cuál es la razón para que no se pueda efectuar contra ellos una operación beta de bombardeo como la que se hizo contra Raúl Reyes?
¿Qué hay detrás de ese absurdo impedimento?
Las respuestas se las daré en una próxima columna, que espero redactar una vez regresé al país.
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