martes, diciembre 18, 2012

CARTEL DE FALSAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO


Foto www.notimundo.in
Los colombianos son víctimas de diversas y muy graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el marco de la situación de violencia desatada por grupos criminales. Las bacrim, al igual que las FARC y el ELN, emplean el desplazamiento forzado, junto a otras prácticas, como medios para conseguir control territorial y social. Después de Sudán el país es el principal afectado por ese fenómeno.

Aunque la Política de Seguridad Democrática consiguió reducir el desplazamiento, aún se mantiene en niveles preocupantes. Las estadísticas muestran que la solución de la situación de violencia pasa, sin ninguna duda, por restablecer los derechos de estas víctimas, que lo han sido también de las AUC y de sectores de la sociedad que buscaban beneficios patrocinando la violencia.
El Registro que administra el Departamento para la Prosperidad Social indica que 3.486.305  personas, que corresponden a 798.018 hogares han sido afectados por el desplazamiento a fecha 2010. Tales cifras han sido cuestionadas por organizaciones no gubernamentales que las consideran inferiores a la realidad. Pero hay cuestionamientos en sentido contrario que apuntan a que las estadísticas se inflan con el fin de dar una dimensión mayor al problema o como resultado de sofisticados procedimientos destinados a obtener recursos del Estado para falsos desplazados.
Lo cierto es que la Fiscalía está esclareciendo parte de la controversia. El 18 de diciembre consiguió que se condenara a cuatro años de prisión domiciliaria a tres miembros de una red delincuencial que presentaba falsas víctimas a los programas del gobierno. Deberán pagar además, cada uno, 48 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La red empleaba tutelas y alcanzaron a defraudar al Estado en más de 8.000 millones de pesos en el periodo comprendido entre 2005 y 2011.
La operación facilitaba la inscripción como desplazados a grupos de personas a cambio de $40.000  por persona y el 10% de los recursos que obtuviera cada una. "A los sentenciados identificados como: José Adenis Vega Olaya, Herbert Sánchez Morales y Nubia Narváez Díaz, la Fiscalía los acusó por los delitos de cohecho por dar y ofrecer y concierto para delinquir", informó el ente acusador.

Los delincuentes reclutaban candidatos, los instruian y asesoraban para su inclusión en las listas de desplazados. Estaban organizados en dos cooperativas que tenían sede en Bogotá y Villavicencio.

La pena de cuatro años resulta ridícula tratándose de una gigantesca defraudación al tesoro público y a que se privo de dichos recursos a verdaderos ciudadanos afectados por el desplazamiento causado por los criminales.

La Fiscalía debe identificar en qué otros lugares del país esta modalidad se está efectuando, también cotejar las listas de desmovilizados de los grupos organizados armados al margen de la ley, que suman más de 50.000 en los últimos 12 años, con la de quienes han sido beneficiarios de los programas de atención a desplazados.

Mientras el gobierno no organice con rigurosidad sus bases de datos y ejerza control efectivo sobre quienes pueden ser objeto de programas de atención a víctimas, estos se convierten en un aliciente para maniobras como la descubierta por la Fiscalía.

Este tipo de carteles buscarán asaltar los programas que se están desarrollando a partir de la ley de víctimas, razón por la cual el criterio de seguridad para la restitución de tierras, por ejemplo, debe entenderse como la garantía plena para el retorno de las familias despojadas, pero, del mismo modo, como garantía de que el proceso debe ser genuino, transparente y no manipulado para incluir falsas víctimas o hasta victimarios.

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