COLUMNA
Publicada el 18 de octubre de 2012
Rafael Guarín
Se inicia la segunda fase del proceso de paz.
En Colombia hay esperanza, pero también mucho escepticismo.
A favor de que el proceso culmine con la
disolución de FARC como aparato armado y violento está el hecho de que la
agenda de negociación se redujo. En 1999 se acordaron 11 puntos programáticos
que conducirían a fundar un “nuevo Estado”, mientras, ahora, la agenda es de solo
2 puntos. Si bien así es en el papel, en las ruedas de prensa los cabecillas de
las FARC han agregado a sus demandas revisar los tratados de libre comercio,
reformar las fuerzas militares para introducirles la doctrina bolivariana,
negociar todo lo relacionado con minería y petróleo, al igual que modificar las
instituciones democráticas. Si esos temas llegaran a la mesa en Cuba, las
posibilidades de un Acuerdo de Paz se evaporan y quedaría en evidencia que las
FARC estaban interesadas en dialogar pero no en negociar.
Prácticamente nada es suficiente para poder
creer que las FARC en ésta oportunidad van a renunciar a la violencia. Las
razones son múltiples: el grupo ha utilizado los procesos de paz como recurso
para justificar su existencia, conseguir legitimidad y dividir a la sociedad
colombiana. La paz como consigna de movilización, organización y agitación al
servicio de su plan de guerra ha sido constante durante 30 años. Además, el
proceso se inició sin la decisión del grupo de abandonar la violencia y deponer
las armas, con lo cual se repite el error de los últimos 5 gobiernos. Con los
diálogos las FARC han logrado romper el aislamiento político al que estaban
sometidas y con la negociación buscan un cese bilateral de hostilidades, esto
es, que detengan las operaciones militares y de policía en su contra, sin haber
anunciado el abandono de las armas. Graves riesgo para la sociedad y gran
oportunidad para fortalecerse militarmente.
Dos desafíos tiene un hipotético Acuerdo de
Paz: sostenibilidad política, fundada en un consenso de todos los sectores de
la sociedad, y sostenibilidad jurídica de lo pactado, sobre la base de no
impunidad. Ambos sólo se pueden conseguir si el Acuerdo apuesta a una Paz
Justa, esto es, a una paz que respete los derechos de las víctimas y satisfaga las
exigencias de justicia. Hasta ahora el gobierno y las FARC parecen caminar en
sentido contrario.
Profesor universitario y exviceministro de
Defensa de Colombia
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