¿Qué piensan realmente los colombianos sobre el proceso de paz?

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RAFAEL GUARÍN

 

Oslo. Instalación de la segunda fase del proceso de paz.

La encuesta Gallup ratifica la posición de los colombianos frente al proceso de paz iniciado por el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC y muestra que el país lo sigue con cautela y escepticismo. (Lea Encuesta Gallup y Paz)

 

Se ha vendido la idea de que los colombianos apoyan sin reparos del proceso de paz. Quienes la promueven pretenden contribuir a generar un ambiente que debilite la firmeza ciudadana contra el terrorismo y facilite dádivas y prerrogativas a los criminales en nombre de la paz. A pesar de eso y de la intensa campaña mediática, orquestada desde el gobierno, los estudios de opinión testimonian que la sociedad reclama paz, pero Paz Justa.

 

Veamos algunas consideraciones:

La narrativa sobre la que se sustenta la inevitabilidad del diálogo y del reconocimiento político a las FARC cabalga sobre la convicción de que ese grupo no es derrotable y que por lo tanto se debe negociar y ceder a parte de sus pretensiones. Pues, con la pena de quienes así lo creen, los ciudadanos piensan completamente diferente. El 74% cree que las Fuerzas Armadas Colombianas están en capacidad de derrotar militarmente a la guerrilla. Sólo el 23% contestó negativamente a ese interrogante.

Foto: Rafael Guarín

 

Esa visión coincide con los altos niveles de apoyo y credibilidad que todas las encuestas registran frente a la fuerza pública, no obstante el descomunal esfuerzo llevado a cabo desde distintos sectores legales e ilegales para desprestigiarla.

 

También es consistente con el hecho de que únicamente el 22% cree que es "factible" que las FARC pueda tomarse el poder, respecto a un aplastante 76% que asevera que eso jamás podrá ocurrir.

 

La encuesta Gallup muestra una actitud completamente diferente a la que existía durante el proceso con la administración Pastrana. No es gratuito. En esa oportunidad los diálogos se iniciaron en medio de un clima negativo producido con los golpes brutales propinados por la guerrilla a las FFMM y de Policía, al tiempo que la narrativa imperante de la política liberal y conservadora era la de la derrota inminente, el despeje, la concesión gratuita y la política de la debilidad, aspectos todos que permitieron el crecimiento y fortaleza de ese grupo criminal.

 

Estas posiciones de los ciudadanos son las que explican su poca flexibilidad a la hora de conceder impunidad y elegibilidad a los críminales de lesa humanidad y de guerra, como se verá más adelante.
 

Ahora bien, los colombianos quieren el final de la violencia y manifiestan disposición a conseguirla a través de de diálogos con la guerrilla. El 33% rechaza ese camino y cree que se debe tratar de derrotarlos con el aparato coercitivo del Estado. El 65% "dice que se debe insistir en los diálogos hasta lograr un acuerdo de paz", lo cual es natural y obvio. Siempre los seres humanos preferiremos el diálogo a los costos brutales que significa la confrontación militar. Es en ese contexto y no en la inexistente creencia de que es imposible derrotar a las FARC que debe interpretarse que el 72% de los encuestados esten de acuerdo con el inicio de negociaciones con las FARC.

 

La revisión completa de la encuesta indica lo contrario a los titulares de prensa orientados a generar la idea de que el país está volcado a la paz a cualquier precio. Por el contrario, si bien ese 72% refleja disposición a que el proceso pueda conseguir el fin de la violencia que despliega el grupo terrorista, es claro que más de la mitad de los ciudadanos no creen que "en esta oportunidad se llegará a un acuerdo". Un reducido 39% cree que éste sí es posible.

 

En todo caso, se evidencia que la paz no puede ser a cualquier precio, así sus apologistas, incluido los instalados en el gobierno estén dispuestos a conceder impunidad, elegibilidad, excarcelación y negociar la agenda del país con los asesinos.

Una abrumadora mayoría de 78% manifiesta su desacuerdo con la posibilidad de que los desmovilizados "puedan participar en política sin tener que pagar cárcel", mientras un escaso 19% lo aprueba. Es decir, hay un rechazo a la impunidad que es la base, así lo nieguen funcionarios gubernamentales , del proceso de paz. Impunidad consagrada en el Marco Jurídico para la Paz, denunciada por la ONU, HRW, tal y como aparece explicada en nuestro libro Paz Justa (Haga click y baje el libro)

 

Así el presidente Santos haya dicho que a las FARC hay que creerle, "el 83% cree que las FARC no ayudarán a combatir el narcotráfico". Los colombianos conocen a esa organización y saben que su inmersión en el narcotráfico es de tal dimensión que no ven posible un rompimiento con esa actividad ilícita y menos que se convierta en un cooperante efectivo en su contra.
 

Este fin de semana las FARC trataron a las víctimas de "intrascendetes", ya los ciudadanos sabían que esa era su actitud: "el 80 por ciento considera que tampoco harán grandes esfuerzos para reparar a sus víctimas"

Finalmente, la desconfianza no es sólo frente a que se llegue a un acuerdo con las FARC sino a que realmente este sea decisivo para acabar con la violencia: "el 71% considera, en caso de firmarse un acuerdo con las Farc, que no cesará la violencia de origen ideológico".

 

El gobierno Santos debería escuchar a los ciudadanos. No lo hará. !Todo lo contrario! Se empeñará con las FARC en fijar una agenda no escrita, secreta, para cambiar el imaginario colectivo. Lo hará porque está convencido que sólo con concesiones a esos criminales se puede conseguir la paz. Es la Política de la Debilidad.