Rueda de prensa del 20 de febrero de 2013 |
Participación de la ciudadanía en el proceso de paz es asunto que no puede seguir siendo obstruido por el Estado, dice Santrich, delegado en la mesa de negociación en La Habana.
Con solemnidad cachaca cita pronunciamientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la promoción del derecho de los pueblos a la paz, decisiones de la Asamblea General y una lista resoluciones sobre el "sagrado derecho a la paz", para concluir que el Estado colombiano las desconoce al no admitir la participación popular en la negociación, tal y como lo quieren las FARC.
Las FARC aparecen retratadas como tinterillos y fervorosos defensores de las normas jurídicas, en una escena de comedia que despierta carcajadas. Ver a Santrich y a la delegación fariana citando artículos e incisos, en defensa de la legalidad internacional, cuando pretenden impunidad absoluta por sus crímenes atroces, dibuja una sonrisa en los colombianos.
¿Qué tal Márquez argumentando jurisprudencia de la Corte Constitucional y la propia Carta Política para defender sus intereses revolucionarios? ¿Qué tal Timochenko hablando del "orden constitucional" cuando han dedicado todo su esfuerzo, como Márquez mismo lo confiesa en otro documento, a "derrocar" la Constitución y el orden sobre ella edificado?
En nombre del derecho a la paz pretenden desarrollar una estrategia de movilización y legitimación ciudadana mientras siguen masacrando. La estrategia es clara: escalar la violencia y conseguir movilización en nombre de la paz. Hacen la guerra para decir que quieren la paz.
El grupo insiste, además, en que se blinde jurídicamente sus aparatos y cómplices que actúan en la legalidad. Buscan que se les permita realizar, articulados al trabajo de masas, su estrategia de movilización.
Esa actitud muestra que el grupo está más concentrado en continuar la combinación de la acción política y violenta que en llegar a un Acuerdo que implique su desmovilización.
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