FARC: LA GUERRA DE LA TIERRA

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Archivo Semana.com

*Rafael Guarín

La declaración del Estado Mayor de las FARC a propósito del discurso del Presidente Santos en El Caguán revela la importancia que para ese grupo tiene mantener enormes extensiones de tierra bajo su control. Si bien es cierto que muchos campesinos provenientes de diferentes sitios llegaron a algunos territorios en búsqueda de riqueza y oportunidades, también lo es que bastas selvas y montañas han sido objeto de una colonización armada liderada por las FARC.

La historia misma del grupo ha sido esa. Saltar de un área a otra en la medida que la fuerza pública desplegaba operaciones militares. Está en su origen: la marcha con guerrilleros y familias luego de Marquetalia, el posterior salto a lo que fue la zona de distensión y desde ahí a otros espacios.

Esa colonización no es consecuencia del despojo en otras regiones, como la han vendido, sino de la ejecución de una calculada estrategia que converge en lo que denominó Simón Trinidad un “Estado en gestación”. Una táctica dentro del Plan Estratégico de las FARC y una expresión más de cómo se combina la acción violenta y el trabajo de masas.

Esa guerrilla ha querido construir una “Nueva Colombia” desde territorios donde el Estado no ha hecho presencia o ha sido escasa. Es una tarea en la que llevan décadas y gracias a la cual han construido enclaves y guetos con imaginarios favorables a su existencia. Ejemplo de ello, son las familias farianas que están a todo lo largo del río Caguán o solo basta ir a Puerto Cachicamo o a Piñuña Negro y hablar con sus habitantes para comprobar su efectividad.

No ha sido una cuestión improvisada, por el contrario, es un componente clave del plan de guerra diseñado ante la negligencia estatal que permite a las FARC organizar a la población, dotarla de formas de autogobierno, ejercer control férreo, resolver las controversias, implantar diferentes mecanismos de control social, además de aparatos armados, milicias y del Partido Comunista Clandestino. Es un país que los colombianos desconocen y que nada tiene que ver con los centros urbanos y lo que ven en televisión.

Esos territorios son estratégicos para el cultivo y procesamiento de estupefacientes, la minería ilegal y todo tipo de tráfico. Los han conseguido mediante diferentes formas: en algunos casos con dinero del narcotráfico, el secuestro y la extorsión compraron fincas y tienen testaferros; en otros se han apropiado de inmuebles baldíos. También han despojado violentamente a los campesinos. Las cifras oficiales registran que al menos el 39% de las denuncias de despojo corresponden a acciones de las FARC.

Han llegado incluso a generar una estrategia de repoblamiento trasladando del Cauca al Guaviare familias indígenas afectas al grupo, con el fin de asegurar corredores de movilidad, restablecer redes de inteligencia, tener bases de apoyo y aumentar su presencia. Es la guerra por el territorio a través del control de la población.

Esto explica la declaración del Estado Mayor de las FARC. Salen a defender algo que no quieren perder, pero sí legalizar. Su juego es despojar por la vía del diálogo con el gobierno a los que califican de terratenientes y empresarios del campo, mientras exigen la legalización de las tierras apropiadas con la colonización armada.

El Estado Mayor del grupo pone un aparente "inamovible" en la Mesa de La Habana, en un pulso por la tierra que tienen en su poder de manera ilegal. No la quieren devolver ni al Estado, ni a las víctimas.

La aplicación de la ley de víctimas impide lo que pretende las FARC: que su despojo se admita. Y la recuperación de baldíos no puede discriminar entre aquellos que fueron apropiados por los paramilitares, las bacrim y las FARC para beneficiar victimarios. Todos son actos delincuenciales. ¿O cuál es la diferencia?

Finalmente, el “Estado Mayor” hábilmente busca ganar legitimidad e involucrar nuevos actores internacionales proponiendo una “comisión de alto nivel” y en el papel de veedores a la CELAC y al ex presidente Jimmy Carter. Quieren contrarrestar la acusación de despojadores, pues les quita la última bandera con la cual quieren parecer un grupo altruista a cambio de lo que el mundo conoce: una organización dedicada al narcotráfico y a perpetrar crímenes atroces.

Ahora bien, no hay duda de que el fin de la violencia y el crimen en esos territorios pasa por su institucionalización y por denegar a grupos ilegales su empleo, al igual que el de la población. Esto implica que el Estado se tome en serio el desafío de construir legitimidad democrática e imperio de la ley en todo el territorio. Cualquier Acuerdo de paz que no involucre ese punto está condenado al fracaso.

La paz se debe hacer sobre la verdad, no validando los crímenes de las FARC, menos con un Acuerdo que hipotéticamente llegare a legalizar tierras despojadas o compradas con recursos de origen ilícito, mientras sirve de carta de patente para perseguir, despojar e impugnar a campesinos honestos y empresarios del campo.

*Ex viceministro de defensa

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