RAFAEL GUARÍN
Publicada en EL NUEVO HERALD de Miami el sábado 15 de Septiembre de 2012
Esta semana se publicó una encuesta en la que el 77% de los colombianos aprueban la decisión de adelantar negociaciones de paz con la guerrilla. A pesar de eso se está muy lejos de una aprobación incondicional a los diálogos y menos a que los ciudadanos crean que con éstos se va a conseguir la desmovilización del grupo terrorista. Estos son los argumentos:
Sólo el 54% se siente optimista de que el diálogo entre el gobierno del presidente Santos y las FARC logrará un acuerdo de paz y la desmovilización del grupo. El 41% es pesimista de que eso se consiga.
La aprobación del diálogo no significa lo que algunos suponen. El 57% opina que el Ejército puede derrotar militarmente a las FARC. El país no ha dejado de creer en la eficacia y conveniencia del ejercicio legítimo de la fuerza contra las guerrillas.
Algo que pone aún más en evidencia la superficialidad de quienes aducen que los diálogos son un anhelo nacional y que el país se volcó a apoyarlo, es que el 52% considera que las FARC “realmente no tiene voluntad de paz”. Y peor aún, ese mismo porcentaje piensan que los “diálogos son un mecanismo de distracción para fortalecerse militarmente”.
Pero hay más. El 47% únicamente está de acuerdo con que “se negocie en medio del conflicto” lo que resalta la fragilidad del apoyo al diálogo ante escaladas de acciones terroristas de las FARC.
Ahora, si bien el 77% aprueba los diálogos el 68% no está de acuerdo con “que sean perdonados los delitos de los guerrilleros que actualmente están combatiendo, si dejan las armas, aun si eso significa que se corre el riesgo de que se rompan los diálogos”.
El 72%, asumiendo el mismo riesgo, está en desacuerdo con que los líderes de la guerrilla “puedan participar en política y presentarse como candidatos a elecciones populares”, igual pasa con el 78% de los colombianos que rechazan que los líderes terroristas “no paguen cárcel, sin importar el tipo de delito que hayan cometido”. El rechazo a la impunidad es superior al apoyo a los diálogos.
El rechazo aumenta a 80% respecto a que los “guerrilleros que actualmente están en cárceles colombianas o en el exterior, por cualquier delito”, sean liberados.
La aprobación a los diálogos no es más que la disposición ciudadana a un anhelo compartido de paz. La paz y el diálogo para buscarla son para cualquiera preferibles a la continuidad de la violencia y a mantener los grandes sacrificios que en vidas humanas y recursos implica continuar enfrentando militarmente a los terroristas. ¡Pero no es más! Es sólo disposición, que puede convertirse en voluntad política real si los hechos consiguen en el proceso superar el escepticismo y la desconfianza. Si no es así, la disposición a dialogar rápidamente se convertirá en rechazo activo a las FARC y, si Santos no es hábil, en reproche activo al gobierno.
La paz no es aceptable para los colombianos a cualquier precio. ¡Exigen paz, pero paz justa! Paz sin impunidad, ni elegibilidad, ni excarcelación a los miembros de las FARC. No admiten que se conviertan en gobernantes y menos que sus cabecillas no paguen cárcel.
El presidente Santos reformó la Constitución para que el Estado renunciara a la persecución penal de los menos responsables de atrocidades, en todo caso responsables, lo cual es una amnistía disfrazada. No serán investigados, juzgados y condenados. En vez de cumplir penas de cárcel, ofrecerán excusas públicas y harán trabajo comunitario.
La reforma permite la excarcelación de autores de dichos crímenes. Podrán ser elegidos a la Presidencia de la República, alcaldías y gobernaciones criminales de lesa humanidad que no sean condenados y aquellos que lo sean por crímenes de guerra como el “reclutamiento” de niños.
El Presidente ahora asevera que no se puede conceder amnistías ni indultos, pero no le dice al país que ya se los otorgó a las FARC con la reforma que impulsó y defendió en el Congreso.
El precio de la paz no puede ser la impunidad y la violación de los derechos de las víctimas. La pregunta no es qué debe pagar la sociedad colombiana por la paz, sino qué deben pagar los miembros de las FARC para que la sociedad los tolere y el Estado no continúe persiguiéndolos, en su condición de criminales.
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