Editorial de El Mundo: ¿Qué pasa con la erradicación?

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No erradicar estimula que criminales continúen acabando la selva. Foto: Rafael Guarín. Frontera con Ecuador.

Editorial EL MUNDO. Medellín.

¿Qué pasa con la erradicación?
19 de Febrero de 2013
El país tiene derecho a saber si detrás de ese aflojamiento de los programas de erradicación hay un propósito deliberado -y absolutamente equivocado- de aclimatar eventuales acuerdos sobre materia tan delicada.


Leímos con preocupación la denuncia que hace en la revista Semana el exviceministro de Defensa Rafael Guarín Cotrino, en el sentido de que hay un “gigantesco retroceso en la lucha contra el narcotráfico en Colombia”. Fundamenta tan grave afirmación en cifras que revelan un aumento considerable del área de cultivos ilícitos, muy pobres resultados en materia de erradicación, tanto manual como aérea, así como una reducción de los recursos y una descoordinación entre las entidades encargadas de esos programas.

Se refiere Guarín Cotrino al último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, según el cual, a diciembre de 2011, las hectáreas sembradas de coca llegaron a 64.000, 2.000 más que en el 2010, rompiendo la tendencia descendente que traía desde 2005. El denunciante asegura que “la coca ha vuelto a zonas como La Macarena, de las que se le había desalojado, y está colonizando parques naturales y resguardos indígenas”. Acusa al Gobierno -del que hizo parte como subalterno del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera- de ocultar cifras que muestran un severo declive en los programas de fumigación y destrucción manual de coca. Alude a que en 2010 se erradicaron manualmente 43.792 hectáreas de coca, en 2011 se registró una caída del 19,6 % y en 2012 el descenso fue del 30,4 % con respecto a lo erradicado en 2010. Y por vía aérea, en 2012 se fumigaron 2.753 hectáreas menos que en 2011.

Guarín Cotrino acusa a las Farc de emplear francotiradores y minas antipersonal para impedir la labor de los erradicadores manuales, especialmente en zonas de frontera como el Putumayo y el Catatumbo. Pero también critica al Gobierno por reducir de US$39 millones a US$29 millones el presupuesto para erradicación en el 2013; al Ejército por no colaborar suficientemente con la Policía y a esta por no disponer de suficientes unidades especializadas para esa tarea. Además, cuestiona que al mando de la estrategia de combate contra los cultivos ilícitos ya no estén generales y altas autoridades civiles, sino “sargentos y asesores de tercer nivel”.

Sería muy grave que por un debilitamiento injustificable de la política de erradicación, estuviéramos de vuelta a la etapa anterior al Plan Colombia, que creíamos superada. En nuestros archivos de la época encontramos que entre 1991 y 1997 el país pasó de 40.000 a 70.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y de 1998 al 2000 -en plena vigencia del funesto despeje de 42.000 km2 para los fracasados diálogos del Caguán- las siembras de coca y amapola pasaron de 70.000 a 120.000 hectáreas.

Gracias al Plan Colombia y a la ayuda aprobada por el gobierno Clinton a mediados de 2000, el país pudo emprender un programa ininterrumpido de destrucción de cultivos ilícitos. No puede olvidarse que para entonces, la guerrilla de las Farc ya estaba profundamente involucrada en el negocio de la droga y eso explica que los recursos del Plan Colombia se orientaran no solo a la erradicación de cultivos y a la persecución de los carteles del narcotráfico sino al combate de los grupos terroristas que entonces como ahora tenían allí su principal fuente de financiamiento. No sorprende, entonces, que los mandamases de las Farc estén proponiendo -confesión de parte y pesca para su canasto- “la suspensión de aspersiones aéreas y otras formas de erradicación” y la legalización de las drogas dizque “con fines terapéuticos y medicinales”, según reza un documento que llevaron a la mesa de La Habana con el presuntuoso título de “Ocho propuestas mínimas para el ordenamiento social y ambiental”.

Los colombianos tenemos derecho a saber si detrás de ese aflojamiento de los programas de erradicación hay un propósito deliberado -y absolutamente equivocado, pensamos nosotros- de aclimatar eventuales acuerdos sobre materia tan delicada, con un grupo al que el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes le atribuye el control del 60 % del negocio del narcotráfico en Colombia y al que la comunidad internacional identifica como el mayor cartel mundial de la droga.