Fragmento de la ponencia presentada por Rafael Guarín en el seminario Serie Colombia 2012, organizado por la Embajada de los Estados Unidos de América, El Espectador, El Tiempo, Revista Semana, Fundación Restrepo Barco, Fundación Ideas para la Paz y Partners Colombia.
Cartagena 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2012
DE LA COMBINACIÓN DE LAS FORMAS DE LUCHA A
LA POLÍTICA DEMOCRÁTICA
RAFAEL GUARÍN[1]
Agradezco la
invitación a participar en este evento, especialmente, a la embajada de los
Estados Unidos de América y a los medios de comunicación convocantes. También a
la Fundación Restrepo Barco, Ideas para la Paz y Partners Colombia.
Presentaré un
conjunto de planteamientos que no pretenden ser respuesta definitiva a un
problema tan complejo como el de la participación política de las FARC y de sus
integrantes, sino contribuir a una Paz Justa y sostenible.
Una Paz Justa
basada en el respeto de los derechos de las víctimas y la no impunidad,
al tiempo que no sea una puerta trasera para imponer un modelo no democrático,
restrictivo de los derechos y libertades individuales o contrario a la
propiedad privada.
Hago parte de
los escépticos y críticos del proceso de paz, por eso debo hacer dos
precisiones.
Desde la época
de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, los procesos de paz para las FARC no se
concibieron para desaparecer como estructura armada ni para pasar
exclusivamente a la acción política democrática. Por el contrario, expresaron
la combinación de todas las formas de lucha a la que se refiere el profesor
Medófilo Medina en la Carta a Alfonso Cano.
Durante estos
30 años las FARC jamás contemplaron el abandono de la violencia. ¡Todo lo
contrario! Convirtieron los procesos de paz en una táctica al servicio de la
ejecución de su Plan Estratégico, como lo reconoció Fidel Castro o se deduce de
documentos de la organización.
El propio
Partido Comunista en el Congreso de 1980 adoptó, como lo recuerda el camarada
Carlos Lozano, la solución política como un elemento táctico y estratégico de
la lucha revolucionaria, en una época de despliegue de la combinación de las formas
de lucha.
Al igual que
bajo la administración Pastrana, ahora voces señalan que esta vez las FARC sí
van en serio. Empero, no existe información sobre que en efecto hayan decidido
abandonar la violencia, en cambio, sí versiones de quienes participaron en la
primera fase del proceso, como Enrique Santos, que indican que al respecto no
hay decisiones definitivas.
Segunda
precisión. No existe legitimidad alguna en las FARC para que se acepte
negociar nada diferente a los aspectos operativos de su desmovilización. La
agenda del país no se debe pactar con organizaciones que perpetran crímenes atroces,
asesinan soldados y policías, masacran a los ciudadanos y son consumadas
terroristas.
Otra cosa
es que se pueda llegar a aceptar, bajo estrictas condiciones y en aras de la
desarticulación del aparato violento y de su sometimiento a la Constitución, no
de legitimidad de la que carecen, que se diseñen formas de participación
política que les permita intentar hacer la "revolución" a través
de las urnas. Una cuestión, muy diferente, es la legitimidad que da el
debate democrático para discutir los temas públicos y otra la que quita el uso
de los fusiles.
Si se
llegara a concretar la disolución de las FARC esto significaría que se doblegó
su voluntad de lucha, que concluyeron la inutilidad de la violencia y que
debieron buscar una salida aceptable. A esa situación se llegó, así más de
uno se fastidie, no a través de las banderitas de la paz sino del ejercicio legítimo
de la autoridad, de la eficacia de nuestros soldados y policías, como del acierto
de la Política de Seguridad Democrática. Es el enfrentamiento militar, el
aislamiento político y la superioridad del Estado la que permitirá la
desmovilización, no arrebatos de conciencia de los criminales.
En ese
contexto y con el único fin de cumplir la tarea encomendada en este Seminario, supongamos,
por un momento, que en efecto el grupo terrorista ha tomado la decisión de
abandonar la violencia y de jugar bajo las reglas de la democracia y del Estado
de derecho, cosa en la que con franqueza no creo.
Únicamente
en esa hipótesis, es posible reflexionar sobre la participación política de los
exguerrilleros.
Para abordar es
indispensable repasar muy rápidamente las decisiones que en materia de
participación política se pactaron en anteriores procesos de paz.
Posteriormente,
reflexionar sobre las siguientes preguntas:
¿Cuáles son
los resultados deseados con la participación política de exguerrilleros en el
marco de una Paz Justa?
¿Cuáles las
premisas para que las medidas de ingeniería institucional que se adopten sean
razonables y legítimas?
¿Cuáles son
las fórmulas que se pueden implementar?
La revisión de
los procesos de negociación en otros países permite concluir que no hay
formulas que se puedan trasvasar automáticamente de un país a otro, sino que
por el contrario cada contexto requiere de una respuesta adecuada, conforme a
su propia historia, a las características de la violencia, a los actores que
participan de la misma y a los factores que inciden en su mantenimiento.
No obstante tales
experiencias arrojan lecciones que ajustadas pueden ser aplicables.
Por
ejemplo, una de esas lecciones es reconocer que una paz estable y duradera pasa
por diseñar y acoger un modelo institucional que favorezca la integración plena
y permanente de quienes enfrentaban por vías de hecho al Estado.
Hacerlo
implica caracterizar adecuadamente las razones, no las causas, sino las razones
que explican, no justifican, sino que explican que una organización se mantenga
desde hace décadas devota del asesinato, la violencia y el delito.
Es necesario
entender que no se trata de una simple desmovilización sino de preguntarse,
entre otras cuestiones: ¿cuáles son las condiciones que favorecen la
existencia de las FARC y sobre cuáles se debe actuar para una vez
desmovilizadas denegarles la posibilidad de un rebrote armado? ¿Y cómo
articular a ese propósito la participación política?
También,
reconocer la magnitud del desafío.
“Por un lado,
la subversión debe hacer un cálculo de qué tipo de sistema electoral considera
adecuado para ese periodo de transición, qué mecanismos requiere para ejercer
en principio la oposición, qué tipo de sistema es útil para su consolidación
como partido político y para el trámite de los desacuerdos previsibles en época de posconflicto. El reparto del poder
político tiene que ver con todos y cada uno de esos factores de lucha política.
Para el
establecimiento político el desafío es mayor. ¿Cómo permitir el ingreso de una
nueva fuerza política, con un régimen especial y favorable, sin perder cuotas
importantes de poder, que comprometan drásticamente su existencia regional y
nacional?[2]”
Los partidos
de oposición no tienen un escenario menos complejo. “¿Cómo conseguir la
reincorporación de un sector que les competirá directamente? No se debe olvidar
que la desaparición de la UP, además de la “guerra sucia”, tuvo que ver con la
aparición de la Alianza Democrática M19, un competidor directo”[3].
I.
COMENCEMOS
POR MIRAR HACIA ATRÁS.
Los procesos
de paz exitosos de finales del siglo XX se caracterizaron por tener un final
cerrado, expresión del exmiembro del ELN, León Valencia.
¿Qué significa
eso?
Que desde antes
del inicio del proceso el grupo terrorista ya había tomado la decisión de
abandonar la violencia y de dar el salto a la lucha política democrática.
Esa decisión,
que aún no existe en las FARC, resultó definitiva para que a pesar de las
dificultades, los procesos culminaran en desmovilizaciones.
El caso del
grupo terrorista M19 lo ilustra.
A pesar de que
se desconoció el “Pacto Político por la Paz y la Democracia”, que en 1989
suscribió con el Gobierno Barco y los partidos políticos, cumplieron con la
desmovilización y con lo que denominaron “dejación de armas”.
El acuerdo convenía
incluir una Circunscripción Especial de Paz en el proyecto de reforma
constitucional que se tramitaba en el Congreso y que terminó hundido en ese
sórdido capítulo de condicionamiento del Cartel de Medellín a la prohibición de
la extradición.
Al final, no
obstante se desconoció el acuerdo de establecer un mecanismo de este tipo para
facilitar la transición del M19 a un partido político, el grupo terrorista honró
su palabra y los ciudadanos se lo reconocieron ampliamente en las urnas.
Ese proceso
fue el primero que concluyó en Colombia con una reintegración efectiva a la
democracia de una organización violenta que se transforma en un nuevo partido
político. De igual manera, es la primera vez que se reconoce que los acuerdos
de paz deben incorporar medidas que favorezcan la mutación de los aparatos
armados en colectividades políticas.
La decisión de
abandonar la violencia y deponer las armas, así como el proceso mismo, crearon
las condiciones para que el M19 pudiera canalizar la inconformidad de los
ciudadanos en una coyuntura de cambios institucionales, a los cuales contribuyó
sin duda la iniciativa de paz.
El salto no
fue fácil, al menos en un comienzo. La elección de 1990 sólo otorgó una curul
de cámara al movimiento. El profesor de la Universidad Nacional, Jaime Zuluaga
Nieto, ha dicho que “de haberse aprobado la favorabilidad política negociada…
la naciente fuerza política habría logrado con esos votos colocar al menos dos
senadores y dos representantes”[4].
Lo cierto es
que el “Pacto Político por la Paz y la Democracia” estaba ligado a la convocatoria
a un referendo, que contemplaba, entre otros temas, la reforma electoral y la
garantía de financiación para los partidos que surgieran del proceso de paz. La
preocupación giró alrededor de crear condiciones adecuadas para la competencia
política.
La
desmovilización del Movimiento Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los
Trabajadores y el Ejército Popular de Liberación, produjo que en el marco de la
Asamblea Nacional Constituyente se les reconociera a cada uno representación. A los primeros, un
delegado sin derecho a voto. El EPL tuvo dos delegatarios plenos con base en el
acuerdo de paz. Esa sin duda era una
medida orientada a resaltar su determinación y a proporcionarles un escenario
que les permitiera proyectar nacionalmente sus nuevos movimientos, pero no era
suficiente para llegar a ser partidos políticos.
El principio
que podríamos llamar de favorabilidad a la conversión de un grupo armado en un
partido político se consagró también en las normas transitorias de la
Constitución.
Se facultó al
Gobierno para “establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales de
paz para las elecciones a corporaciones públicas” de cara a la renovación del
congreso en octubre de 1991.
La norma
establecía una alternativa: “nombrar directamente por una sola vez, un número
plural de congresistas en cada Cámara en representación de los grupos en
proceso de paz y desmovilizados”[5].
El Presidente fue facultado para hacer las designaciones y fijar el número de
escaños para cada grupo, dependiendo el avance del proceso y las
circunstancias, asunto que obviamente sería objeto de negociación.
Para remover
obstáculos se podía omitir “determinadas inhabilidades y requisitos necesarios
para ser congresista”.
El artículo
se aplicó en 1994 para elecciones locales y exclusivamente en municipios donde
los grupos tuvieran presencia durante su actividad ilegal. Y en el caso de la
Corriente de Renovación Socialista, a la cual se le dieron dos escaños en la
Cámara de Representantes para el periodo 1994 a 1998.
A esto debe
agregarse que los acuerdos incluían el reconocimiento de personería jurídica
como partido político por parte de la Corte Electoral, luego Consejo Nacional
Electoral. Algunas disposiciones en materia de financiación y de acceso a
medios de comunicación y medios impresos que, como lo menciona Álvaro
Villarraga, respecto al EPL buscaban viabilizar el proyecto político, pero que
fueron eludidas por el gobierno acudiendo a desavenencias interpretativas.
En
conclusión, las medidas adoptadas para favorecer la participación política de
los grupos desmovilizados estaban dirigidas a conseguir su inserción inmediata,
pero carecían de una proyección de mediano plazo que condujeran a que no se
quedaran como fugaces fenómenos electorales, sino que se transformaran
efectivamente en partidos políticos con vocación de permanencia, capaces de
romper el bipartidismo y de ser vehículos para la toma del poder, en ejercicio del
derecho a elegir y ser elegido.
[1]
Ex viceministro de Defensa de Colombia. Ha sido profesor de la Facultad de
Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario y de la Facultad de
Derecho de la Universidad Libre. Columnista de El Nuevo Herald de Miami y de
Semana.com. Abogado de la Universidad Libre. Máster en Acción Política y
Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Francisco de
Vitoria y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Maestría en Seguridad y
Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Máster en
Análisis y Prevención del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos de
España. Autor de los libros: Paz Justa (2012) y Colombia: Democracia
Incompleta. Introducción a la Oposición Política (2005).
[2]
GUARÍN, RAFAEL. Colombia: Oposición, competencia electoral y reforma para la
paz en Colombia. En: Revista Desafíos. Número 14. Ed. Universidad del Rosario.
Bogotá D. C., julio de 2006. Pág 92.
[3]
Ibidem.
[4]
ZULUAGA NIETO, JAIME. De guerrillas a movimientos políticos. (Análisis de la
experiencia colombiana: el caso del M19). En: De las Armas a la Política. Ed.
Tercer Mundo. Bogotá D. C., 1999. Pág. 34.
[5]
Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia. Artículo 12
transitorio. 1991.
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