viernes, diciembre 14, 2012

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE EXGUERRILLEROS I



Fragmento de la ponencia presentada por Rafael Guarín en el seminario Serie Colombia 2012, organizado por la Embajada de los Estados Unidos de América, El Espectador, El Tiempo, Revista Semana, Fundación Restrepo Barco, Fundación Ideas para la Paz y Partners Colombia.

Cartagena 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2012



DE LA COMBINACIÓN DE LAS FORMAS DE LUCHA A LA POLÍTICA DEMOCRÁTICA

RAFAEL GUARÍN[1]

Agradezco la invitación a participar en este evento, especialmente, a la embajada de los Estados Unidos de América y a los medios de comunicación convocantes. También a la Fundación Restrepo Barco, Ideas para la Paz y Partners Colombia.

Presentaré un conjunto de planteamientos que no pretenden ser respuesta definitiva a un problema tan complejo como el de la participación política de las FARC y de sus integrantes, sino contribuir a una Paz Justa y sostenible.


Una Paz Justa basada en el respeto de los derechos de las víctimas y la no impunidad, al tiempo que no sea una puerta trasera para imponer un modelo no democrático, restrictivo de los derechos y libertades individuales o contrario a la propiedad privada.

Hago parte de los escépticos y críticos del proceso de paz, por eso debo hacer dos precisiones.

Desde la época de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, los procesos de paz para las FARC no se concibieron para desaparecer como estructura armada ni para pasar exclusivamente a la acción política democrática. Por el contrario, expresaron la combinación de todas las formas de lucha a la que se refiere el profesor Medófilo Medina en la Carta a Alfonso Cano.

Durante estos 30 años las FARC jamás contemplaron el abandono de la violencia. ¡Todo lo contrario! Convirtieron los procesos de paz en una táctica al servicio de la ejecución de su Plan Estratégico, como lo reconoció Fidel Castro o se deduce de documentos de la organización.

El propio Partido Comunista en el Congreso de 1980 adoptó, como lo recuerda el camarada Carlos Lozano, la solución política como un elemento táctico y estratégico de la lucha revolucionaria, en una época de despliegue de la combinación de las formas de lucha.

Al igual que bajo la administración Pastrana, ahora voces señalan que esta vez las FARC sí van en serio. Empero, no existe información sobre que en efecto hayan decidido abandonar la violencia, en cambio, sí versiones de quienes participaron en la primera fase del proceso, como Enrique Santos, que indican que al respecto no hay decisiones definitivas.

Segunda precisión. No existe legitimidad alguna en las FARC para que se acepte negociar nada diferente a los aspectos operativos de su desmovilización. La agenda del país no se debe pactar con organizaciones que perpetran crímenes atroces, asesinan soldados y policías, masacran a los ciudadanos y son consumadas terroristas.

Otra cosa es que se pueda llegar a aceptar, bajo estrictas condiciones y en aras de la desarticulación del aparato violento y de su sometimiento a la Constitución, no de legitimidad de la que carecen, que se diseñen formas de participación política que les permita  intentar hacer la "revolución" a través de las urnas. Una cuestión, muy diferente, es la legitimidad que da el debate democrático para discutir los temas públicos y otra la que quita el uso de los fusiles.

Si se llegara a concretar la disolución de las FARC esto significaría que se doblegó su voluntad de lucha, que concluyeron la inutilidad de la violencia y que debieron buscar una salida aceptable. A esa situación se llegó, así más de uno se fastidie, no a través de las banderitas de la paz sino del ejercicio legítimo de la autoridad, de la eficacia de nuestros soldados y policías, como del acierto de la Política de Seguridad Democrática. Es el enfrentamiento militar, el aislamiento político y la superioridad del Estado la que permitirá la desmovilización, no arrebatos de conciencia de los criminales.

En ese contexto y con el único fin de cumplir la tarea encomendada en este Seminario, supongamos, por un momento, que en efecto el grupo terrorista ha tomado la decisión de abandonar la violencia y de jugar bajo las reglas de la democracia y del Estado de derecho, cosa en la que con franqueza no creo.

Únicamente en esa hipótesis, es posible reflexionar sobre la participación política de los exguerrilleros.

Para abordar es indispensable repasar muy rápidamente las decisiones que en materia de participación política se pactaron en anteriores procesos de paz.

Posteriormente, reflexionar sobre las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los resultados deseados con la participación política de exguerrilleros en el marco de una Paz Justa?

¿Cuáles las premisas para que las medidas de ingeniería institucional que se adopten sean razonables y legítimas?

¿Cuáles son las fórmulas que se pueden implementar?

La revisión de los procesos de negociación en otros países permite concluir que no hay formulas que se puedan trasvasar automáticamente de un país a otro, sino que por el contrario cada contexto requiere de una respuesta adecuada, conforme a su propia historia, a las características de la violencia, a los actores que participan de la misma y a los factores que inciden en su mantenimiento.

No obstante tales experiencias arrojan lecciones que ajustadas pueden ser aplicables.

Por ejemplo, una de esas lecciones es reconocer que una paz estable y duradera pasa por diseñar y acoger un modelo institucional que favorezca la integración plena y permanente de quienes enfrentaban por vías de hecho al Estado.

Hacerlo implica caracterizar adecuadamente las razones, no las causas, sino las razones que explican, no justifican, sino que explican que una organización se mantenga desde hace décadas devota del asesinato, la violencia y el delito.

Es necesario entender que no se trata de una simple desmovilización sino de preguntarse, entre otras cuestiones: ¿cuáles son las condiciones que favorecen la existencia de las FARC y sobre cuáles se debe actuar para una vez desmovilizadas denegarles la posibilidad de un rebrote armado? ¿Y cómo articular a ese propósito la participación política?

También, reconocer la magnitud del desafío.

“Por un lado, la subversión debe hacer un cálculo de qué tipo de sistema electoral considera adecuado para ese periodo de transición, qué mecanismos requiere para ejercer en principio la oposición, qué tipo de sistema es útil para su consolidación como partido político y para el trámite de los desacuerdos previsibles en  época de posconflicto. El reparto del poder político tiene que ver con todos y cada uno de esos factores de lucha política.

Para el establecimiento político el desafío es mayor. ¿Cómo permitir el ingreso de una nueva fuerza política, con un régimen especial y favorable, sin perder cuotas importantes de poder, que comprometan drásticamente su existencia regional y nacional?[2]

Los partidos de oposición no tienen un escenario menos complejo. “¿Cómo conseguir la reincorporación de un sector que les competirá directamente? No se debe olvidar que la desaparición de la UP, además de la “guerra sucia”, tuvo que ver con la aparición de la Alianza Democrática M19, un competidor directo”[3].

I.                    COMENCEMOS POR MIRAR HACIA ATRÁS.

Los procesos de paz exitosos de finales del siglo XX se caracterizaron por tener un final cerrado, expresión del exmiembro del ELN, León Valencia.

¿Qué significa eso?

Que desde antes del inicio del proceso el grupo terrorista ya había tomado la decisión de abandonar la violencia y de dar el salto a la lucha política democrática.

Esa decisión, que aún no existe en las FARC, resultó definitiva para que a pesar de las dificultades, los procesos culminaran en desmovilizaciones.

El caso del grupo terrorista M19 lo ilustra.

A pesar de que se desconoció el “Pacto Político por la Paz y la Democracia”, que en 1989 suscribió con el Gobierno Barco y los partidos políticos, cumplieron con la desmovilización y con lo que denominaron “dejación de armas”.

El acuerdo convenía incluir una Circunscripción Especial de Paz en el proyecto de reforma constitucional que se tramitaba en el Congreso y que terminó hundido en ese sórdido capítulo de condicionamiento del Cartel de Medellín a la prohibición de la extradición.

Al final, no obstante se desconoció el acuerdo de establecer un mecanismo de este tipo para facilitar la transición del M19 a un partido político, el grupo terrorista honró su palabra y los ciudadanos se lo reconocieron ampliamente en las urnas.

Ese proceso fue el primero que concluyó en Colombia con una reintegración efectiva a la democracia de una organización violenta que se transforma en un nuevo partido político. De igual manera, es la primera vez que se reconoce que los acuerdos de paz deben incorporar medidas que favorezcan la mutación de los aparatos armados en colectividades políticas.

La decisión de abandonar la violencia y deponer las armas, así como el proceso mismo, crearon las condiciones para que el M19 pudiera canalizar la inconformidad de los ciudadanos en una coyuntura de cambios institucionales, a los cuales contribuyó sin duda la iniciativa de paz.

El salto no fue fácil, al menos en un comienzo. La elección de 1990 sólo otorgó una curul de cámara al movimiento. El profesor de la Universidad Nacional, Jaime Zuluaga Nieto, ha dicho que “de haberse aprobado la favorabilidad política negociada… la naciente fuerza política habría logrado con esos votos colocar al menos dos senadores y dos representantes”[4].

Lo cierto es que el “Pacto Político por la Paz y la Democracia” estaba ligado a la convocatoria a un referendo, que contemplaba, entre otros temas, la reforma electoral y la garantía de financiación para los partidos que surgieran del proceso de paz. La preocupación giró alrededor de crear condiciones adecuadas para la competencia política.

La desmovilización del Movimiento Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Popular de Liberación, produjo que en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente se les reconociera  a cada uno representación. A los primeros, un delegado sin derecho a voto. El EPL tuvo dos delegatarios plenos con base en el acuerdo de paz.  Esa sin duda era una medida orientada a resaltar su determinación y a proporcionarles un escenario que les permitiera proyectar nacionalmente sus nuevos movimientos, pero no era suficiente para llegar a ser partidos políticos.

El principio que podríamos llamar de favorabilidad a la conversión de un grupo armado en un partido político se consagró también en las normas transitorias de la Constitución.

Se facultó al Gobierno para “establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas” de cara a la renovación del congreso en octubre de 1991.

La norma establecía una alternativa: “nombrar directamente por una sola vez, un número plural de congresistas en cada Cámara en representación de los grupos en proceso de paz y desmovilizados”[5]. El Presidente fue facultado para hacer las designaciones y fijar el número de escaños para cada grupo, dependiendo el avance del proceso y las circunstancias, asunto que obviamente sería objeto de negociación.

Para remover obstáculos se podía omitir “determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser congresista”.

El artículo se aplicó en 1994 para elecciones locales y exclusivamente en municipios donde los grupos tuvieran presencia durante su actividad ilegal. Y en el caso de la Corriente de Renovación Socialista, a la cual se le dieron dos escaños en la Cámara de Representantes para el periodo 1994 a 1998.

A esto debe agregarse que los acuerdos incluían el reconocimiento de personería jurídica como partido político por parte de la Corte Electoral, luego Consejo Nacional Electoral. Algunas disposiciones en materia de financiación y de acceso a medios de comunicación y medios impresos que, como lo menciona Álvaro Villarraga, respecto al EPL buscaban viabilizar el proyecto político, pero que fueron eludidas por el gobierno acudiendo a desavenencias interpretativas.

En conclusión, las medidas adoptadas para favorecer la participación política de los grupos desmovilizados estaban dirigidas a conseguir su inserción inmediata, pero carecían de una proyección de mediano plazo que condujeran a que no se quedaran como fugaces fenómenos electorales, sino que se transformaran efectivamente en partidos políticos con vocación de permanencia, capaces de romper el bipartidismo y de ser vehículos para la toma del poder, en ejercicio del derecho a elegir y ser elegido.



[1] Ex viceministro de Defensa de Colombia. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario y de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Columnista de El Nuevo Herald de Miami y de Semana.com. Abogado de la Universidad Libre. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Francisco de Vitoria y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Autor de los libros: Paz Justa (2012) y Colombia: Democracia Incompleta. Introducción a la Oposición Política (2005).
[2] GUARÍN, RAFAEL. Colombia: Oposición, competencia electoral y reforma para la paz en Colombia. En: Revista Desafíos. Número 14. Ed. Universidad del Rosario. Bogotá D. C., julio de 2006. Pág 92.
[3] Ibidem.
[4] ZULUAGA NIETO, JAIME. De guerrillas a movimientos políticos. (Análisis de la experiencia colombiana: el caso del M19). En: De las Armas a la Política. Ed. Tercer Mundo. Bogotá D. C., 1999. Pág. 34.
[5] Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia. Artículo 12 transitorio. 1991. 

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