¿Contestará Silva?

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Ojalá el exministro Gabriel Silva conteste los argumentos de la columna que publicamos en la Revista Semana, con el título: ¿La retórica de la paz por encima de la verdad? (Haga clik)

Mientras Silva encuentra una forma de explicar por qué las cifras públicas del Ministerio de Defensa desmienten sus argumentos, adelanto otras precisiones: 

 Algunos sectores de opinión confunden, con mala intención, firmeza en la defensa y aplicación de la Constitución con “guerrerismo” o con política de exterminio. Las Farc la llaman la Pax Romana. 

La Política de Seguridad Democrática jamás concibió que el camino a la paz fuera aniquilar físicamente a las FARC y nunca descartó contacto con los terroristas. Era una idea vieja. Como lo ha dicho Jaime Jaramillo Panesso, su asesor de paz en la gobernación de Antioquia, “Álvaro Uribe nunca se ha opuesto a tener un diálogo que conduzca a la paz, entendida como una forma de reintegrar a los criminales bajo condiciones de no impunidad, pero siempre con el argumento táctico de que hay que dejarle una salida al enemigo, en este caso, al "oponente armado"”. 

Estaba claro que acabar con la amenaza que representa las FARC no era sinónimo de “neutralizar” hasta el último de sus miembros. Se sabía que el Estado debía proporcionar protección una vez éstos dieran el paso a la legalidad. Tampoco era nuevo para Uribe: En la gobernación, como recuerda Jaramillo Panesso, llegó a brindar “medidas de protección a familias de guerrilleros presos que iban a ser secuestradas por Carlos Castaño”. ¡Eso no es ser partidario de la aniquilación! 

Uribe gobernador procuró contacto con guerrillas y autodefensas ilegales, incluyendo a la iglesia como interlocutor, con el fin de conseguir su sometimiento al estado de derecho. Incluso el gobierno de Ernesto Samper autorizó diálogos regionales con el ELN que nunca se llegaron a efectuar. 

El problema es que a la hora de abordar estos temas hay un doble rasero, inspirado en la idea de que las FARC asesinan por altruismo. Muchos terminan justificando tratamientos diferenciados para crímenes iguales, al tiempo que validan que se discrimine a las víctimas. 

Son los mismos que denuncian impunidad respecto a los paramilitares, porque debían cumplir 8 años de cárcel por sus crímenes, mientras aplauden que se reforme la Constitución para que las FARC y ELN no tengan ni un solo día de prisión. Ven impunidad en la cárcel para las AUC pero alegan que hay justicia si únicamente se impone trabajo comunitario a las guerrillas. 

Olvidan que mientras la Ley 975, aplicada por igual a paramilitares y guerrilleros, ponderó el derecho a la paz con el de la justicia y aceptó penas alternativas inferiores a las del Código Penal, el gobierno Santos con el Marco Jurídico para la Paz reformó la Constitución para evadir precisamente esas exigencias mínimas de justicia y de no impunidad que determinó la Corte Constitucional al revisar dicha ley. 

Es diferente investigar, juzgar y condenar, exigiendo verdad y reparación a los victimarios, que reformar la Carta Política para “renunciar a la persecución penal” de perpetradores de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Lo peor de todo, es que a pesar de la impunidad ofrecida, las FARC contestaron que las víctimas son un asunto intrascendente y rechazan decir la verdad sobre sus atrocidades. ¡No podía ser distinto! No aceptan que se les imponga una Constitución que combaten. 

En todo caso, algo que no tiene forma de negar el dr Silva, ni el sr Presidente Juan Manuel Santos, es que si el proceso de paz fracasa, las FARC habrán ganado una reforma que les garantiza impunidad por sus crímenes pasados, presentes y los futuros, hasta que se firme un acuerdo de paz. 

¡Absurdo! 

Legitimaron el crimen contra el estado de derecho y renunciaron indefinidamente a su aplicación, amparados en la retórica de la paz.