Publicado de Semana.com - 13 de noviembre de 2012
RAFAEL
GUARÍN
A muchos políticos les importa más la
retórica de la paz que la verdad y la realidad de las víctimas. Prefieren
ocultar o minimizar los atentados terroristas de las FARC o el secuestro de
niños, antes que unir a la sociedad en su condena.
Le duele demasiado al gobierno que se
critique su política frente a la criminalidad. Tal es la preocupación en la Casa
de Nariño que pusieron a firmar una columna al exministro de defensa Gabriel
Silva para demostrar que el cambio de la Seguridad Democrática por el diálogo
con los terroristas no ha deteriorado la seguridad.
Como exviceministro de defensa de la
administración Santos y testigo, en primera fila, de lo ocurrido, debo corregir
a Silva.
Si Silva le cree a las estadísticas
del propio Ministerio de Defensa no puede decir que se ha “mantenido la cadena
de éxitos que se inicio con Uribe”. Según mindefensa lo que hay es un grave
deterioro en seguridad. De 1 de enero a 31 de agosto de 2012, comparado con el
mismo periodo de 2011, aumentaron los actos de terrorismo en 61%, la voladura
de oleoductos en 457%, los ataques a instalaciones de la fuerza pública en
113%, los hostigamientos en 41%, las embocadas en 47%. En total, según el
propio gobierno, en un año aumentaron las acciones de las guerrillas en 45%. Para
no hablar del regreso del miedo a los ciudadanos, el aumento de la extorsión o
del número de hectáreas de cultivos ilícitos. ¿Quién miente?
Como ministro de defensa en el cierre
del gobierno de Álvaro Uribe, sabe muy bien que la retaguardia estratégica de
las FARC y el ELN no está en el Catatumbo sino en Venezuela. En nombre del
diálogo el Gobierno admitió que las FARC empleen, con la anuencia y complicidad
del gobierno Chávez, el territorio de Venezuela como retaguardia. La novedosa
forma de acabar con esta fue aceptarla. ¡Eso es claudicar, dr Silva!
También como exministro le consta que
las FARC en el gobierno Uribe, con el liderazgo del general Leonardo Barrero,
llegó a estar replegada en las montañas del Cauca y no empeñada en atacar
brutalmente a Popayán, los cascos urbanos y la carretera panamericana. Además
que se concertó con organizaciones indígenas como la OPIC, mientras no se admitían
las vías de hecho y la presión que las FARC pretenden ejercer sobre esos
pueblos, ni el abuso y violación de los derechos humanos de nuestros soldados.
Las propias cifras del gobierno son las
que desmienten a Silva. Según el expresidente Álvaro Uribe las bacrim “en los últimos dos años
han duplicado el número de integrantes”. Los registros del Ministerio de
Defensa señalan que sólo desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de octubre de
2012 han sido “neutralizados” 7535 miembros de bacrim, a los cuales hay que
adicionarles los que corresponden al primer semestre del actual gobierno y 4170
que hoy las conforman. Eso datos demuestran que se pasó de 3831 integrantes de
esas bandas a 30 de junio de 2010 a cerca de 13.000 individuos que han estado en
sus filas durante estos dos últimos años. ¡Uribe se quedó corto en el cálculo! ¡No
se duplicaron, se triplicaron!
Lo que no dice Silva es que la
decisión del presidente Santos de adelantar diálogos con las FARC amarró a las
FFMM y a la Policía en el combate a las Bacrim. El propio presidente siendo
ministro expidió una directiva que permitía bombardear a los Rastrojos o los
Urabeños, pero, a partir de febrero de 2011, muy a pesar de nuestras
advertencias, se prohibió esa posibilidad argumentando que utilizar la fuerza
en el marco del derecho internacional humanitario elevaría a esos grupos a la
condición de “partes del conflicto”, similar condición a las de las FARC. Masacres
como las de Santa Rosa de Osos son posibles gracias a que las estructuras de
bacrim que delinquen en zonas rurales y selváticas, donde solo ese tipo de
operaciones garantizan efectividad, saben que están blindadas.
En nombre de la paz también el
gobierno retiró la reforma al fuero penal militar ante presiones de ongs,
mientras se la jugó toda para dar impunidad a las FARC con el Marco Jurídico para
la Paz. Ahora impulsa un nuevo proyecto que resultará inane, tal y como está,
frente a los problemas de seguridad jurídica de los militares. No es cierto que
el Acuerdo con la Fiscalía debilitara el fuero. Eliminarlo no resuelve nada
porque la policía judicial depende directamente del Fiscal, no de la justicia
penal militar. No han podido entenderlo.
Es cierto que hubo disposición de
contacto en el gobierno de Álvaro Uribe con las FARC para buscar su
sometimiento a la justicia, no para negociar la agenda de Colombia.
Disposición, pero sin reformar la constitución para dar impunidad a los
crímenes atroces, nunca validando la violencia y, menos, sin que existiera la
decisión de abandonarla y deponer las armas.
En cambio, el gobierno consiguió que
el Congreso reformara la Constitución para garantizar a perpetradores de
crímenes de lesa humanidad y de guerra la “renuncia a la persecución penal” en
aquellos casos que no sean seleccionados para ser objeto de investigación
judicial, que serán la mayoría, conforme a la exposición de motivos del acto
legislativo.
Esa amnistía disfrazada, más la
posibilidad que autores de crímenes de lesa humanidad no condenados y de
guerra, aún condenados, puedan ser elegidos al Congreso y a la Presidencia de
la República, significa que el gobierno legitimó la violencia como medio de
acción política en una democracia.
La diferencia que no quiere ver entre ese
Marco Jurídico para la Paz y la Ley de Justicia y Paz es que con esta se busca
que se judicialicen efectivamente los crímenes, mientras con el Marco se
reformó la Constitución para renunciar a la persecución penal. ¿Y si son lo
mismo, dr Silva, por qué el gobierno no admite que se aplique a las FARC y al
ELN esa ley, que no era solamente para los paramilitares?
Al igual que la opinión pública, Silva
no sabe, que para no enviar señales inconvenientes a las FARC la propia
Presidencia de la República ordenó hundir el delito de pertenencia a
organización de crimen transnacional, que logramos aprobar en el Senado dentro del
proyecto de ley de Seguridad Ciudadana y que tenía asegurada la mayoría en la
Cámara. Tipo penal que establecía penas entre 16 y 25 años con el fin de
desarticular la farcpolítica y las milicias.
Tampoco se sabe que la Presidencia
vetó la presentación por parte del Ministerio de Defensa al Congreso de una iniciativa
que endurecía las penas para los crímenes de práctica cotidiana y permanente de
las guerrillas, como el reclutamiento de niños, al igual que de otra que
buscaba resolver problemas jurídicos que afectan la desmovilización, para
evitar su reducción.
Si hubo un problema, que comenzó a
solucionarse hasta 2010, fue la ineptitud en responder la adaptación de FARC a
la estrategia militar y policial. Esa, ante todo, era responsabilidad de los
ministros Santos y Silva, que nos correspondió comenzar a corregir. Lástima que
lo que se hizo en el plano militar, la Presidencia lo afectara al desmontar una
política de firmeza para apostar por una de debilidad.
Dr Silva, no le tocará aceptar que hay
dos Uribes, en cambio, a nosotros sí nos tocó aceptar que hay dos Santos. Uno
que engaño para elegirse en hombros de la Seguridad Democrática y otro que la
repudio para dialogar con las FARC, a costa de la seguridad de los ciudadanos.
Y no podía ser de otra forma. Con la verdad presente, con claridad y contundencia, relatando fielmente los hechos y los sucesos; así se escribe la historia, no con mentiras como las de Silva Lujan. Lo felicito RAFAEL GUARIN,usted es valiente y leal.
ResponderBorrarQué lástima, prestarse a firmar una columna que tal vez ni el mismo se la cree. Pero agiganta, su falta de pantalones y su visión sesgada de la realidad nacional.
ResponderBorrarUno u otra posicion jamas cedera, y el pais es el perdedor ante la comunidad internacional
ResponderBorrarApreciado don Rafael:
ResponderBorrarGracias por esta columna. Que fácil es acusar de mentiroso, cuasi-esquizofrenico, y megalomano al presidente Uribe cuando se sabe que esto se recibirá con aplausos en la mayoría de medios capitalinos, y se retribuirá con creces en la administración Santos y que difícil es responder a la realidad de un país que se descuaderna día tras día en busca de una falsa paz con el terrorismo.
Ya van quedando al descubierto los políticos impostores, que engañaron para estar en el poder y después dar la puñalada trapera. Políticos que no saben de principios, que su herramienta permanente es el engaño y la mentira, como el traidor santos y su corte. Y creen que 9 millones de electores vamos a creerles sus mentiras. Creen que porque los medios comprados les siguen el juego de tapar la violenta realidad del país, en manos de farc y sus socios bacrim, les vamos a creer. Están perdidos porque si nos engañaron una vez, ya no lo harán nunca más. ¡Respeten al pueblo colombiano! ¡Mentirosos, farsantes, impostores, traidores!
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