Dar tratamiento de grupo organizado al margen de la ley, como propone el Defensor del Pueblo, Jorge Otalora, pone a algunos narcotraficantes agrupados en Bacrim como beneficiarios de impunidad, conforme al Marco Jurídico para la Paz
¿MARCO PARA NARCOS? Lea columna publicada en junio pasado donde se advertía dicho riesgo
Veamos:
El señor Defensor del Pueblo abrió un debate esta semana. En realidad se trata de un tema sobre el que desde este blog y twiter hemos insistido.
Las bandas criminales del narcotráfico BACRIM se han triplicado en los últimos dos años:
"Los registros del Ministerio de
Defensa señalan que sólo desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de octubre de
2012 han sido “neutralizados” 7535 miembros de bacrim, a los cuales hay que
adicionarles los que corresponden al primer semestre del actual gobierno y 4170
que hoy las conforman. Eso datos demuestran que se pasó de 3831 integrantes de
esas bandas a 30 de junio de 2010 a cerca de 13.000 individuos que han estado en
sus filas durante estos dos últimos años".
La eficacia de la Policía, al capturar cabecillas de esos grupos, es alta y merece un aplauso, pero una cosa es golpear a esos individuos y otra, muy diferente, desarticular a tales bandas que están desmostrando soprendente capacidad de reproducción y mantimiento de su actividad, a pesar de la persecución de que son objeto.
El gobierno sabe muy bien que esos miles de integrantes de las Bacrim no se coordinan desde Venezuela o Argentina, donde han sido capturados sus jefes. !No! Las capturas no afectan estructuralmente el fenómeno. Esas cifras del gobierno lo revelan.
Por otro lado, como también lo hemos dicho, las FFMM están amarradas en el combate a las BACRIM. La mayoría de lectores de este blog no tienen porque saber, pero si los integrantes del Ejército, que éste sólo desarrolla operaciones ofensivas en el marco del DIH y no en un marco jurídico de Derechos Humanos.
Lo que está proponiendo el Defensor del Pueblo es lo razonable y lógico. A las BACRIM que tengan el nivel de organización y de hostilidad que señala el DIH deben ser combatidas con todo rigor en ese marco jurídico, es decir, pueden ser objeto de operaciones ofensivas de nuestros militares y de bombardeos.
El problema que surge con esto es que inmediatamente las BACRIM son calificadas como partes del conflicto se convierten en objeto del Marco Jurídico para la Paz. Es decir, contarán como las FARC con impunidad garantizada pues se beneficiarían con la renuncia a la persecución penal en aquellos casos no seleccionados para ser objeto de investigación judicial, que serán la mayoría.
En twitter escribimos: @RafaGuarin Q pensaran los amigos del Dpto d Estado, Dpto d Justicia, DEA y FBI d q
narcos BACRIM tengan impunidad con MarcoJcoPaz?
El gobierno debe recordar el dicho popular: "tiene tanta espuela que se enreda en ella". Quisieron asegurar impunidad en nombre de la Paz a los crímenes de lesa humanidad de las FARC y el ELN y terminaron ahogados en discusiones jurídicas que extienden tales beneficios a los otros, igualmente narcotraficantes, de las BACRIM.
Este tema fue objeto de discusión al interior del gobierno. En su momento advertimos del grave error de no permitir operaciones ofensivas de las FFMM contra las BACRIM, al igual que del adefesio que significaba el Marco Jurídico para la Paz. El gobierno, empero, optó por negar la aplicación de la fuerza contra esas bandas en el marco del DIH porque eso las igualaba a las FARC, como si las narcoguerrillas en realidad fueran diferentes de sus socias las BACRIM en Nariño o Urabá, para sólo dar dos ejemplos.
La verdad es que detrás de esa decisión, que ha facilitado que las bandas se tripliquen está la idea que las FARC son una organización política alzada en armas y no un grupo criminal, terroristas, y dedicado al narcotráfico. Visión generosa del gobierno Santos.
Tiene también que ver con al reclamo de las FARC de no dar reconocimiento alguno a las BACRIM y de la extrema delicadeza del gobierno que prefiere sacrificar medidas que mejoran la eficacia del combate contra el crimen para no molestar al Secretariado del grupo terrorista y con ello afectar el incipiente proceso de paz.
La consecuencia de amarrar a las FFMM la señala con claridad el Defensor:
"No se entiende el hecho de que las Fuerzas
Militares argumenten un vacío jurídico para enfrentar a las Bacrim,
justificándose en que esa función o competencia le corresponde a la
Policía Nacional, cuando el propio decreto ha dispuesto la intervención
de las fuerzas armadas. Por lo cual el argumento esgrimido por algunas
unidades militares en el sentido de no tener competencia para
combatirlas carece de todo fundamento".
!Después salen, sin pudor, a decir que no se ha debilitado la seguridad como resultado del afán del Presidente Santos de avanzar en diálogos con las FARC!
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