EL DESASTRE DE LA HAYA

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Aunque se ha dicho mucho sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) frente al litigio Nicaragua vs Colombia, aún no hay claridad sobre el camino que va a seguir el Gobierno Santos.

En principio, lo obvio, sería acatar el fallo, cumplirlo, en virtud de que se trata de una obligación que soberanamente Colombia ha aceptado al ser parte del instrumento internacional que le otorga jurisdicción y competencia a la CIJ, además de ser una consecuencia elemental descrita en la Convención de Viena del Derechos de los Tratados.

Eso implicaría entregar, en las condiciones ordenadas por la Corte, la extensión de mar territorial indicada a Nicaragua. ¡Muy difícil de imaginar! ¡Peor de realizar!

Esto es, digo, en principio. Difícil otro camino, mucho más cuando Colombia se ha caracterizado por honrar el derecho internacional. Pero, aunque difícil, es absolutamente imperativo examinar todas las alternativas.

No puede ser diferente teniendo en cuenta que se trata al menos de 75.000 kilómetros cuadrados perdidos, en una zona en la cual el país ha ejercido a través de su historia en forma pacífica, ininterrumpida y pública soberanía y jurisdicción.

Es una zona de gran riqueza natural, peces, biodiversidad y recursos energéticos. Pero sobretodo, es un territorio que tiene un gran significado para un país que ha venido perdiendo parte de su extensión inicial con los vecinos. ¡Aún no olvidamos Panamá!

Pensar en no acatar el fallo es casi un sacrilegio para Colombia. Empero, el Gobierno debe proceder, como se ha manifestado, a estudiar con detalle y cuidado el alcance y justificación del fallo. Evidentemente, hay elementos que parecieran indicar que en nombre de la equidad se ha cometido una brutal arbitrariedad. De ser cierto, nuestra posición inicial de respetar la sentencia debe traducirse necesariamente en una actitud de intolerancia activa frente a la injusticia y el atropello.

La postura de Uribe

Álvaro Uribe planteó que "Colombia tiene que hacer de cuenta que la sentencia no existe, hacer un esfuerzo que traerá dificultades, tensiones, pero hay que hacerlo por los intereses superiores de la patria”.

El expresidente advierte el costo de una decisión en ese sentido. No es para nada sencillo. Cuando se desconoce el derecho internacional y la resolución pacífica de las controversias, en este caso, verificada con un fallo, nada ni nada menos,  del máximo tribunal planetario, pues nos arrojamos a un escenario donde es la fuerza la que determina la relación con Nicaragua.

En ese escenario, para ser más directo,  tendremos que asumir el fantasma de las fricciones y estar dispuestos al riesgo de episodios bélicos, con la absurda situación de presentársenos en el mundo, derivado de la sentencia, como quienes nos ponemos al margen del derecho y las instituciones internacionales.

El problema no es sólo con Nicaragua, sino potencialmente con los miembros de El Alba, con terceras potencias que hipotéticamente deseen realizar proyectos de exploración y explotación petrolera en la zona.

Implicará aumentar el gasto militar ahora para fortalecer la Armada Nacional y la Fuerza Área, también mayor dependencia de Colombia respecto a los Estados Unidos de América en la medida que se debe intentar asegurar el veto del gobierno de esa nación a una posible reacción frente a Colombia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el desconocimiento de la sentencia y el peligro para la estabilidad, la seguridad y la paz de la región.

En sentido ideológico contrario, aumentaría la dependencia creciente con relación a la revolución bolivariana, ahora no sólo por que Chávez supuestamente tiene la llave de la paz, sino porque resulta indispensable para evitar una arremetida de un grupo de Estados contra Colombia.

¡En fin, todo un desafío!

Si se quiere mantener dicho territorio no hay otra alternativa. ¡En eso el expresidente Uribe tiene las cosas claras!

La cuestión es: ¿estamos dispuestos a adoptar tal decisión?

Asumida, no tengo duda que se pueden manejar los desafíos que ésta suscita, eso sí, con un país unido, activo respaldo ciudadano y con una política que tenga criterio estratégico.

Lo dicho por el Presidente Santos

¡Por su parte el presidente Santos en un discurso para la galería dijo y se contradijo!

En su afán de mostrar fortaleza frente a un país decepcionado, al tiempo que consciente de las limitaciones de su posición, apostó por decir que se emplearán todos los mecanismos legales existentes contra el fallo, que en realidad no existen, pues este es inapelable. Según el mandatario: “no vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos”.

Para completar dice que rechaza parte del fallo, con lo cual  el mundo no debe comprender como se pretende defender un fallo sólo en lo que se favorece, mientras se impugna el resto, cuando no hay segunda instancia a la cual se pueda apelar.

La confusión fue mayor cuando la canciller al día siguiente indica que nadie ha dicho que no se acatará el fallo. ¿Al fin qué? Se rechaza o se acata, pero las dos cosas al tiempo es imposible. A menos que todo sea un rechazo como constancia moral, política y de propaganda para el consumo interno.

Lo que sería inaceptable es que el Presidente Santos haya denunciado “omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar” en la sentencia y terminara aceptándolas.

Lo cierto es que cualquiera que sea la decisión debe ser resultado de una auténtica unidad de los colombianos.

La defensa de la integridad territorial del país y el camino que se adopte no debe ser objeto de controversias partidistas sino de la más profunda reflexión colectiva.

La ineptitud nacional

El llamado a la unidad de los ciudadanos no puede ocultar que hay que hacer un juicio de responsabilidades.

Pero la estúpidez tiene nombre. ¿Si se sabía que Nicaragua iba a demandar, porque el Gobierno de Andrés Pastrana no denunció a tiempo los tratados que fundamentan la competencia de la Corte Internacional de Justicia?

Antes, inclusive, nadie tuvo la prudencia de examinar las consecuencias de hacer parte de un tratado que sujetaba a Colombia a una hipotética situación como la actual. Pero esa actitud se mantiene. ¿Por qué no hemos denunciado el Pacto de Bogotá de 1948 que abrió este escenario?

La estupidez de la clase dirigente durante décadas, la falta de una política de exterior de largo plazo y con sentido estratégico, el personalismo en el manejo de los asuntos que comprometen los más altos intereses de la patria, la inexistencia de partidos y de estadistas entre quienes desfilan por las instituciones gubernamentales y parlamentarias, la escasa formación jurídica al nivel que la competencia internacional exige, la falta de pericia de los conductores en casos tan delicados como el actual, entre otras “cualidades nacionales”, no puede dar resultado diferente.

Si no nos detenemos a hacer un acto de contrición frente a tanta ineptitud de quienes han tenido la responsabilidad desde diferentes ámbitos de enfrentar estos desafíos a nombre del país, será imposible no volver a caer en unos años en tan desagradables y execrables sorpresas que jamás quisimos imaginar.