El Gobierno Colombiano, sin reparo, criticó públicamente el resultado de tal fallo y, tal vez más importante, ha afirmado que no dejará de ejercer soberanía sobre el territorio que reclama Colombia como suyo.
Nicaragua, por su parte, ha anunciado que comenzará a explotar recursos en la plataforma oceánica en la zona que le ha sido concedida.
Así, el conflicto por la propiedad de este territorio oceánico y sus recursos, no sólo está irresuelto en la realidad -ambos países buscan ejercer soberanía de manera simultánea- sino que hay una mayor polarización -la opinión pública Colombiana y la Nicaraguense se han movilizado en favor de los intereses de cada parte- y la disputa que antes se libraba en el ámbito jurídico se ha traslado al ámbito del uso de y la presencia en la zona en disputa.
La institución -en este caso la Corte Internacional de Justicia- parece haber fallado (en el sentido de no haber logrado resolver el conflicto con su decisión). Un fallo que no se acata no existe. Una institución cuya resolución no resuelve la disputa no es efectiva.
Así, explícitamente, con su decisión de mantener el ejercicio de la soberanía de facto, Colombia no está en este momento acatando el fallo, incluso si este desacato es temporal o argumentado en “el tiempo para estudiarlo” o “aplicar los recursos”.
El Comandante de la Armada colombiana en efecto afirma:
“El Gobierno Nacional me ha dado instrucciones en tres directrices, la primera es mantener la soberanía en toda la jurisdicción marítima colombiana como históricamente se ha conocido, es decir, desde hace 200 años hasta tanto no se culminen los recursos que tiene el Estado y hasta tanto no se me ordene lo siguiente, permaneceremos en toda la jurisdicción marítima colombiana”.” y que “la orden presidencial es mantener los buques en el meridiano 82″Nicaragua, por su parte, no ha comenzado a ejercer la soberanía y el uso de los recursos que ahora le son disponibles. Cuando lo haga, el conflicto será abierto, directo.
Aunque muero de ganas por criticar la deplorable gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano en todo este asunto, creo que es crucial evaluar la posibilidad -así sea remota- de un enfrentamiento bélico entre Colombia y Nicaragua.
Vale la pena reiterar el primer elemento de mi argumento: El conflicto ya está, las posiciones de las partes más distantes, polarizadas, sus intereses contrapuestos mejor definidos (ver aquí y aquí) y ya hay acciones de desacato. Aquí el elemento principal es que la Corte no resolvió efectivamente el conflicto con su fallo sino que lo agravó, lo “destapó”, si se quiere.
Ahora,¿ podrá este conflicto expresarse violentamente, mediante un enfrentamiento militar? ¿Puede escalar a un enfrentamiento directo entre las fuerzas militares de las dos naciones?
En mi opinión, es muy probable que se presenten enfrentamientos, incluso con violencia, pero no creo que escale a una confrontación abierta, organizada, masiva. O por lo menos le concedo a esa evolución una muy baja probabilidad.
La presencia de la Armada colombiana con intención de proteger la soberanía sobre la región perdida en el laudo de la CIJ, supone un ejercicio de la fuerza, un ejercicio de hecho, así sea sólo de disuación temporal.
La posibilidad de que, por presencia de una embarcación de pesca, se presente una escaramuza, un ejercicio más directo de la fuerza es muy alta. Sólo semanas antes de que se diera el fallo, en la misma zona se presentó ya una dificultad. Es cuestión de días para que una situación similar se vuelva a presentar. El escalamiento a algún tipo de uso de la fuerza es muy probable por tanto.
No creo que esto, sin embargo, conduzca a una guerra. El costo para Colombia sería muy alto, en términos de reputación, recursos directos, riesgos jurídicos y políticos. No creo que el Gobierno Santos busque conducir al país por este camino de manera voluntaria, intencional. Un enfrentamiento bélico con Nicaragua no tendría el apoyo político suficiente al interior de Colombia -podría incluso representar costos para Santos en pos de la reelección-, distraería la atención del conflicto armado interno y la negociación con las FARC, complicaría la relación con Venezuela -aliado tradicional de Nicaragua con intereses sobre los recursos de la cuenca caribeña- y expondría las fronteras ya negociadas de Colombia a la disputa por medios no jurídicos -sentando un precedente nefasto en la negociación eterna de la frontera norte colombo-venezolana.
Nótese que estos costos son los que harían que el gobierno Santos no considere esta posibilidad como escenario voluntario.
Escenario que podría sin embargo hacerse viable, volverse realidad, si los intereses nos llevan allá: la presión política radical, la noción cierta de la superioridad militar marítima y aérea de Colombia sobre Nicaragua, la necesidad de resolver contundentemente y de manera preventiva un eventual apoyo venezolano a Nicaragua, la necesidad de concentrar la atención nacional en una disputa sobre las islas, la presencia de recursos naturales ricos que usted y yo desconozcamos. Casi todos estos factores se deben más al azar y a especulaciones que a un ejercicio de la autoridad, pero todos juegan en favor a un enfrentamiento.
No creo, reitero, por tanto, que escale, el conflicto existente, a una guerra o enfrentamiento militar.
Sin embargo, el solo hecho de que exista la posibilidad implica que debe ser considerada, para prevenirla.
Un enfrentamiento bélico en el Caribe representaría un costo enorme para el hemisferio, los países involucrados y desviaría por años el curso de la historia de Colombia y la naturaleza de sus relaciones con los vecinos de la zona. Sin mencionar el impacto sobre la negociación de Paz -en la cual el papel de Venezuela y Cuba, aliados naturales de Nicaragua es pivotal. Para los Estados Unidos sería tal vez sólo un recuerdo fatal del enorme costo de relegar en prioridad la región.
Así la probabilidad sea menor, depreciable, un conflicto abierto requiere movilizar otros mecanismos institucionales, de arreglo directo, de mediación, para desescalar la situación.
Colombia debería buscar, pronto, medidas que -ad interim- si es que se puede cuestionar el fallo de la CIJ, permitan resolver las escaramuzas, disputas locales, que se presentarán.
Colombia debe revaluar si su presencia en las áreas perdidas no está llamando a un enfrentamiento militar directo.
Colombia debe evaluar si debe mantener o incrementar su presencia naval disuasiva en la zona.
Todos deberíamos estar discutiendo sobre esto, más que sobre la gramática y la juridicidad del fallo, o sobre la ineficacia de nuestro aparato estatal de defensa de la soberanía.
Llamar a la tranquilidad, enviar cartas, no será suficiente. No podemos jugar con fuego ni con un lugar pacífico en la historia.
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