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| El Ministerio de Defensa adelanta una campaña para que los ciudadanos denuncien la extorsión, el problema es que en algunos casos quien debe recibir la denuncia es el extorsionador. |
Buenaventura es una de las ciudades más afectadas por la delicuencia. Como puerto sobre el pacífico es clave en las actividades de las bandas criminales y de las FARC. Es además un municipio afectado gravemente por la extorsión.
El problema es tan grave que quienes extorsionan no son únicamente guerrilleros e integrantes de Bacrim sino miembros de la Policía Nacional. Leyó bien: !agentes de la policía!
El pasado 30 de diciembre 3 patrulleros fueron capturados por la fiscalía por extorsión contra un comerciante de Buenaventura Lea la nota en El Pais.
El comandante de la Policía, Coronel Óscar Gómez, al conocer la denuncia, según informa el diario El País, coordinó con la Fiscalía el inicio de las pesquisas que permitieron establecer que en efecto los patrulleros no estaban persiguiendo a los delincuentes, sino que habían decidido ocupar su lugar.
El Coronel indicó que "estos individuos lamentablemente hacen quedar mal la institución, lo importante es que nosotros igual que perseguimos a los delincuentes no permitimos que haya corrupción en la policía".
Este tipo de individuos que deámbulan por estaciones de policía y guarniciones militares deben ser expulsados de la fuerza pública y sancionados penalmente con toda severidad. Son peores que las bacrim y las FARC, pues utilizan las armas que les ha concedido la Constitución para proteger a los colombianos con el fin de violar sus derechos y la ley. Acaban la confianza ciudadana, generan rechazo hacia la fuerza pública, erosionan la credibilidad de las instituciones democráticas y abonan el terreno para los discursos justificadores de los grupos terroristas. En fin, es un desastre absoluto.
La dificultad que existe para reprimir eficazmente el delito en diversas zonas del país, desde el narcotráfico, el tráfico de armas o la extorsión, tiene que ver, lamentablemente, con la injerencia del crimen en la fuerza pública. Policías y militares que actuán fuera de la ley como criminales, crean bandas protegidas por los uniformes o resultan asociados con narcotraficantes.
La contrainteligencia es deficiente. Resolverlo es tarea primordial que debe asumirse rapidamente, a pesar de la resistencia de focos corrompidos en el seno del Estado.
La policía ha hecho un gran esfuerzo, pero no es suficiente. A 2011 cerca de 13.000 de sus integrantes habían sido sometidos al polígrafo, una medida importante, pero que debería generalizarse en zonas donde se conoce que el crimen procura infiltrar a la policía y a los militares. No es solamente en Tumaco, Urabá o Buenaventura, es también, en las grandes ciudades como Bogotá.
Estos criminales de uniforme son la excepción. Nuestra fuerza pública esta colmada de hombres y mujeres honestos que con pulcritud cumplen su deber, por eso mismo, se requiere una campaña que erradique el delito tanto de patrulleros como de todos lo niveles jerárquicos de la policía y las fuerzas militares.
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Corrupción es lo único que se ve en el interior de estos estamentos, ratas uniformadas, por eso es que muchos estamos desertando de esas filas, que somentan a pruebas de polígrafo a comandantes y que les pregunten si alguna vez han vendido u ordenado vender un galón de combustible, y todos se rajan corruptos...
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