El Gobierno Santos anunció que las FARC no son más de 8000 integrantes. Es un tema clave para determinar no sólo la estrategia estatal en su combate, sino la dimensión del aparato armado que se espera desmovilizar en caso de que se produzca un Acuerdo de Paz.
Ese afán inspira una estrategia de propaganda dirigida a
neutralizar las críticas a la política de ambigüedad respecto al terrorismo,
finalmente destapada por la administración Santos en 2012.
Durante el primer año de gobierno el mandatario insistió que
encarnaba la continuidad de la Seguridad Democrática, para a partir del último
trimestre de 2011 repudiarla abiertamente al reconocer como interlocutor político
a las FARC y reformar la Constitución con el fin de garantizarles impunidad. Santos
legitimó el crimen como un medio de acción política en la democracia
colombiana.
A esto se agregó la presentación pública de un proceso de
paz que terminó recrudeciendo el accionar criminal
de las FARC, hasta que estas decidieron declarar lo que llamaron “cese
unilateral de hostilidades”. Durante 41 días la guerrilla detuvo en muy alto grado
sus acciones, lo cual se obvia para “arreglar” las estadísticas oficiales
El “conteo del enemigo” que hace las FFMM y la Policía
Nacional y que arroja la cifra oficial sobre el número de integrantes de las
guerrillas contradice por completo el comunicado de prensa del gobierno.
Para comenzar, las FARC no son sólo elementos encuadrillados,
esto es, guerrilleros que hacen parte activa y permanente de frentes, compañías
y columnas. Esa organización es mucho más. Incluye a todos los miembros de las
Milicias, que el gobierno decidió llamar a final de 2011 redes de apoyo al
terrorismo RAT, con el fin de quitarles relevancia. También quienes hacen parte
del Partido Comunista Clandestino de Colombia PC3, el Movimiento Bolivariano y
las estructuras de las FARC que actúan camufladas en la legalidad a través de
diferentes movimientos sociales, políticos y ong.
Las solas milicias sobrepasan los 10.000 miembros, reciben
entrenamiento y tienen organización militar, al igual que estatutos, y están a
cargo de gran parte de las acciones que en el marco del Plan Renacer de las
Masas ejecuta las FARC. Desde la instalación de artefactos explosivos
improvisados, hasta el empleo de francotiradores o la realización de actividades
de inteligencia de combate están a su cargo.
¿Por qué el Gobierno pretende ocultar esa realidad? ¿Quiere
el Presidente Santos un Acuerdo de Paz que desmovilice el aparato encuadrillado
mientras deja a las milicias armadas, al PC3 y al Movimiento Bolivariano
ejerciendo control territorial, mediante la violencia y diversos mecanismos?
Sobre este tema debemos debatir en el nuevo año. Sería
estúpido firmar un Acuerdo de Paz para legalizar parte del aparato criminal y
convertirlo en un partido político, mientras se mantienen más de 10.000
individuos armados y controlando territorios. Es tanto como avalar que las FARC
mantuvieran su Plan Estratégico de toma del poder combinando la acción política
y violenta. Ojalá el afán electoral de 2013 no lleve al Presidente a una majadería
de ese tamaño.
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