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| Masacre en Villavicencio. Foto: Colprensa. |
49 muertos suman las masacres efectuadas en las últimas semanas.
Algo pasa, a pesar que el gobierno niega el evidente deterioro de la seguridad.
Las masacres han marcado el comienzo de 2013.
El 19 de enero se conoció que en Tierra Alta la banda criminal de los Urabeños asesinó a 7 personas. Hay cuatro desaparecidas, posiblemente secuestradas. Las autoridades adjudicaron el crimen a la reyerta entre bandas criminales por el control del narcotráfico.
Pero no es el único caso. Las
masacres cometidas en el marco de enfrentamientos entre grupos de delincuencia común
de los últimos 20 días incluye también el asesinato de 5 personas
muertas y 6 heridas el 9 de diciembre en Villavicencio. Las hipótesis apuntan
a conflictos por microtráfico.
El 21 de diciembre, otra masacre se presentó en Cali. 3
personas fueron asesinadas en lo que se calificó como un “crimen pasional”.
El año se inició con la matanza de 9 personas en Envigado, en un
hecho que se relacionó con enfrentamientos entre mafiosos. El 31 de diciembre
se encontraron los cadáveres.
El 6 de enero le correspondió el turno a Bogotá. En un enfrentamiento
entre bandas delincuenciales fueron masacrados 5 individuos pertenecientes
a la banda de los Pascuales. El Presidente Santos reaccionó con un Consejo de
Seguridad mediático y, como siempre, anunció fortalecimiento de la persecución
contra los criminales.
A la semana siguiente, aparentemente los Urabeños, los
mismos a los que se acusa ahora de la masacre en Tierra Alta, perpetraron una
masacre contra 10 personas en Buenaventura.
Las masacres en serie se iniciaron el pasado 8 de noviembre
de 2012 con el asesinato con granadas y fusiles de 10 campesinos en Santa Rosa
de Osos.
Los hechos demuestran que estamos ante la utilización del
asesinato colectivo como instrumento de las bandas de delincuencia común. No es
nuevo, pero el número de los asesinatos colectivos habían disminuido permanentemente.
No es tapando o quitando importancia a estos acontecimientos
como se evitarán. Es indispensable que el gobierno revise su política contra
las bandas criminales y las demás expresiones de delincuencia común. No es
posible que el Presidente siga pronunciando discursos como si nada ocurriera.
Aunque el gobierno Santos registra la captura de capos de las bacrim, sus propias estadísticas señalan
la gravedad del problema: sólo desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de octubre de 2012
han sido “neutralizados” 7535 miembros de bacrim, a los cuales hay que
adicionarles los que corresponden al primer semestre del actual gobierno y 4170
que hoy las conforman. Eso datos demuestran que se pasó de 3831 integrantes de
esas bandas a 30 de junio de 2010 a cerca de 13.000 individuos que han estado
en sus filas durante estos dos últimos años. ¡Los integrantes de las bacrim durante la administración Santos se
triplicaron en número!
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