La decisión judicial contra el sargento Pedro Guarnizo es uno de esos casos.
No sólo se trata de una persona que ha enfrentado la guerra y visto sus más crueles rostros, sino que ahora resulta condenado, luego de haber sido absuelto, a una pena de 33 años por una masacre, con base en un testimonio de una persona que no recuerda haberlo dado ante la Procuraduría y que años después en la Fiscalía, según informa la Revista Semana , dejó claro que no reconoció a ninguno de los involucrados.
La Revista se pregunta:
"¿Cuál es la prueba? En marzo de 1993, una comisión de la
Procuraduría le tomó testimonio a 14 testigos y de ellos, una mujer,
Olga María Triana, dijo que el sargento Guarnizo era parte del grupo. En
abril de ese año lo repitió ante otra comisión de la Procuraduría. Y 12
años después, ante la Fiscalía, desmintió haber reconocido a cualquiera
de los involucrados. El cambio de testimonio se podría entender por el
paso del tiempo y por el miedo que puede sentir una mujer desplazada, ya
mayor, que perdió a su esposo por la violencia. Lo que llama la
atención es que al revisar los dos testimonios iniciales, que se
hicieron con solo un mes de diferencia, se encuentran varias
incongruencias y diferencias en el relato de Olga María Triana.
SEMANA
la contactó y ella asegura nunca haber señalado al sargento Guarnizo
como responsable de los hechos. “No sé ni quién es, ni de dónde apareció
que yo lo denuncié”, dijo a esta revista Triana, visiblemente
preocupada".
¿Cómo es posible que se tome una decisión de este tipo con base en un sólo testimonio que es negado posteriormente por quien lo emite?
¿Y, en cambio, por qué se desprecia el testimonio de 6 personas que indican que el Sargento Guarnizo se encontraba en la base de Vista Hermosa, a 100 km del lugar donde se produjo la masacre?
Desgraciadamente en el seno de la fuerza pública han existido individuos que no han actuado como militares y policías sino como criminales. Deben ser perseguidos, juzgados y no tener beneficio jurídico alguno, pues las armas de la República les han sido dadas para que protejan los derechos humanos, no para violarlos.
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| http://www.cadep.ufm.edu |
Si bien eso es así, también lo es que en el aparato judicial prima el prejuicio frente a militares y policías. Hay quienes presumen la culpabilidad de los casos que llegan a sus despachos cuando involucran a militares. La efigie de la justicia es ciega precisamente porque tales prejuicios son incompatibles con la realización de la misma.
En otros casos, no prima lo jurídico sino lo político, como ha sucedido con el Coronel Plazas Vega. Los criterios jurídicos ceden ante las tendencias políticas de los jueces. !Muy grave! Los jueces ideologizados no son jueces, serán presentados así en una dictadura de derecha o de izquierda, pero siempre serán una amenaza a la recta administración de justicia en una democracia. En vez de impartirla asumen como verdugos utilizando la ley y la Constitución en contra del propio estado de derecho.
Lo peor es que los jueces idelogizados están desde la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia hasta la base de la piramide. Quienes deben garantizar que así no ocurra son ejemplo de actuación más propia de un activo militante partidista que de un riguroso administrador de justicia.
Los magistrados, las facultades de derecho, los decanos y académicos deben reflexionar. Una democracia necesita de una justicia que solo tenga como referencia el imperio de la ley y los derechos de los ciudadanos.
Guarnizo sobrevivió a un ataque terrorista de la guerrilla, luego a seis años de cautiverio y a la masacre en la que murieron sus compañeros de cautiverio. Ahora, no puede ser que sin pruebas se le condene a terminar su vida en una cárcel.
INTOLERABLE.
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